
En medio del debate generado por las recientes reformas penales aprobadas en Honduras para combatir las maras, pandillas y otras estructuras vinculadas al crimen organizado, el director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, defendió la aplicación de estas disposiciones y aseguró que las capturas y los procesos judiciales se desarrollarán respetando la legislación nacional y las garantías del debido proceso.
El funcionario manifestó que las autoridades policiales tienen el compromiso de enfrentar las organizaciones criminales mediante procedimientos sustentados en investigaciones y pruebas, al tiempo que reconoció que las nuevas medidas podrían generar cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos.
Molina reaccionó a las observaciones planteadas por organismos especializados, particularmente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), que solicitó revisar varias disposiciones de las reformas penales al considerar que podrían representar riesgos para las libertades individuales y las garantías judiciales.
Durante sus declaraciones, el director de la DAET cuestionó a algunos sectores que han expresado críticas contra las medidas estatales y puso en duda las motivaciones de determinados informes relacionados con la actuación de las instituciones de seguridad.

“Yo sé que los organismos de derechos humanos, algunos van a venir a dar críticas, los derechos humanos viven de eso, muchos de estos van a querer salir a la palestra pública para ver cómo se financian económicamente productos de informes oscuros, eso es normal”, expresó Molina.
El funcionario sostuvo que, independientemente de las observaciones que puedan surgir, las autoridades continuarán desarrollando las acciones contra las organizaciones criminales, bajo el argumento de que el país necesita fortalecer sus mecanismos de persecución penal para enfrentar la extorsión y otras actividades delictivas que afectan a la población.

Molina considera necesario fortalecer la respuesta contra las estructuras criminales
El director de la DAET señaló que las reformas forman parte de una estrategia para enfrentar organizaciones delictivas que han evolucionado durante décadas y que mantienen presencia en diferentes sectores del territorio hondureño.
Según explicó, las maras y pandillas han modificado sus formas de operar desde las décadas de 1980 y 1990, por lo que las instituciones encargadas de combatirlas también deben adaptar sus mecanismos de investigación, persecución y control.
Molina consideró que la aplicación de las nuevas disposiciones representa un momento importante para las instituciones de seguridad, debido a que el combate a estas organizaciones no debe concentrarse únicamente en detener a sus integrantes, sino también en impedir que las estructuras se reproduzcan y continúen incorporando nuevos miembros.
“Es un momento histórico en donde nosotros tenemos que ir de frente. Va a implicar mucho, no solamente las capturas, el régimen penitenciario en cuanto a la rigidez para la disciplina impuesta dentro de los mismos va a ser fundamental para, de una u otra forma, generar un impacto en el reemplazo generacional de estas estructuras que por años han venido pregonando y afectando la paz y la tranquilidad de la población hondureña”, manifestó.
En ese sentido, destacó que el sistema penitenciario tendrá un papel importante en la estrategia estatal, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de las medidas de seguridad, la disciplina interna y el control de las personas vinculadas a organizaciones criminales.
El planteamiento apunta a evitar que los centros penitenciarios continúen funcionando como espacios desde los cuales se puedan mantener actividades delictivas o coordinar acciones de las estructuras que operan fuera de las cárceles.
Capturas deberán sustentarse en investigaciones y pruebas
Molina también insistió en que las operaciones policiales no se realizarán de manera indiscriminada y que las detenciones deberán responder a criterios objetivos y elementos probatorios que permitan establecer la posible vinculación de una persona con actividades criminales.
El funcionario reiteró que las reformas penales no significan que las autoridades puedan actuar al margen de la ley y aseguró que los procedimientos deberán desarrollarse respetando los derechos de las personas sometidas a investigación.
La postura de la DAET busca responder a las preocupaciones relacionadas con la posibilidad de que las nuevas disposiciones sean utilizadas para realizar detenciones sin suficientes elementos de prueba o para atribuir responsabilidades penales sin una investigación individualizada.
En ese contexto, Molina defendió la necesidad de mantener una actuación policial basada en investigaciones y evidencias, en lugar de decisiones arbitrarias, y sostuvo que la persecución de las estructuras criminales debe realizarse dentro del marco jurídico vigente.