
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantiene auditorías a las gestiones anteriores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el propósito de determinar si existieron irregularidades en la administración de recursos públicos destinados a ayudas sociales, becas y proyectos comunitarios durante el período gubernamental 2022-2026.
El presidente del órgano contralor, Ricardo Montes, confirmó que las investigaciones se encuentran en una etapa de documentación de hallazgos, previo a la elaboración de los informes que permitirán establecer si existen responsabilidades por parte de exfuncionarios de la institución.

El funcionario explicó que los equipos de auditoría han avanzado en las revisiones y que, una vez concluido el proceso de recopilación y análisis de información, se emitirán los documentos correspondientes. Estos informes servirán para determinar si las actuaciones examinadas representan responsabilidades civiles o administrativas.
Asimismo, Montes indicó que, si durante las auditorías se identifican elementos que puedan constituir responsabilidad penal, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público (MP), para que esa institución realice las investigaciones que correspondan.
Las revisiones se desarrollan en medio de los cuestionamientos que enfrentó Sedesol durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, particularmente por la distribución de fondos públicos que debían beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad y comunidades con necesidades económicas.
Uno de los episodios que generó mayor controversia ocurrió en junio de 2025, cuando se difundió un video de una conversación entre el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la entonces diputada de Libertad y Refundación (Libre) por Copán, Isis Cuéllar. El material provocó cuestionamientos sobre la participación de legisladores en la gestión de recursos destinados a programas sociales.
Posteriormente, las investigaciones sobre el manejo de estas ayudas identificaron inconsistencias en expedientes relacionados con solicitudes tramitadas en ese departamento. Una revisión de 65 expedientes gestionados por Cuéllar encontró anomalías en 61, principalmente por la utilización de cotizaciones duplicadas para respaldar diferentes solicitudes de fondos.
El caso también llegó al propio TSC. En septiembre de 2025, el órgano auditor informó sobre un examen especial relacionado con el Fondo de Administración Solidaria y remitió sus hallazgos al Ministerio Público. La documentación divulgada señaló cuestionamientos en la asignación de recursos y en la intervención de gestores externos. Este antecedente corresponde a una investigación específica y no constituye una conclusión sobre todas las gestiones de Sedesol.
A estos señalamientos se sumaron investigaciones periodísticas sobre ayudas tramitadas entre 2023 y 2024. Una revisión de registros oficiales publicada en septiembre de 2026 identificó cerca de 224 millones de lempiras gestionados ante Sedesol para becas, cupones de alimentos, obras sociales e infraestructura menor.
El análisis encontró personas vinculadas con estructuras políticas entre los solicitantes o beneficiarios y casos en los que ciudadanos aseguraron que nunca recibieron las ayudas registradas a su nombre. Los documentos examinados tampoco permitieron acreditar individualmente la entrega de todos los beneficios.
Con las auditorías actualmente en desarrollo, el TSC busca establecer si los recursos fueron administrados conforme a las normas y si los programas cumplieron sus objetivos. Determinar el destino final de los fondos y eventuales responsabilidades dependerá de la revisión de los expedientes y de las diligencias de las autoridades competentes.
Mientras no se emitan los informes correspondientes, los señalamientos deben entenderse como asuntos bajo revisión y no como condenas contra personas específicas.