La Cámara Legislativa de Honduras aprobó este jueves un decreto de ley de aplicación temporal destinado a centralizar todos los recursos financieros y activos líquidos custodiados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) dentro de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo mediante el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, busca fortalecer la gestión de las finanzas estatales y garantizar la asignación inmediata de fondos a los organismos encargados de la seguridad y la persecución penal en el país.
La normativa se aprobó con la dispensa de un debate tras una moción presentada por la vicepresidenta del Parlamento, Tania Pinto. El marco legal complementa las recientes enmiendas a la Ley de Privación de Dominio, autorizando que el dinero en efectivo, certificados de depósito, títulos valores e intereses generados en el sistema bancario pasen de forma directa e íntegra a la CUT en un plazo no mayor a 30 días, bajo la coordinación de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Los recursos traspasados serán destinados a potenciar operativamente a las secretarías de Defensa y Seguridad, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, a la propia OABI, a la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII) y a la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC). Adicionalmente, las instituciones beneficiarias quedaron facultadas para aplicar procedimientos de contratación directa en la adquisición de bienes, equipos y servicios tácticos, agilizando las compras necesarias para la ejecución de las nuevas reformas penales y antiterroristas.
Garantía de restitución, debido proceso y excepciones
El instrumento jurídico define criterios claros para la custodia, utilización y protección de los activos:
- Sustento del Estado y plazos: La ley contempla que el Estado de Honduras asume la responsabilidad de devolver la totalidad de los valores monetarios —incluyendo rendimientos e intereses bancarios— en un período de tres meses si los tribunales competentes emiten una resolución firme absolutoria a favor de los titulares.
- Preservación de derechos: Ante las observaciones formuladas en el pleno por bancadas de oposición sobre la presunción de inocencia, la junta directiva del Congreso ratificó que Sefin actuará como aval institucional para asegurar el debido proceso y la devolución expedita en caso de fallos favorables a particulares.
- Exclusión de casos específicos: Se dejó constancia en el articulado de que los fondos de origen financiero vinculados al proceso judicial de la entidad mercantil Koriun quedan expresamente exentos de este esquema de uso anticipado.
Con esta decisión, el Legislativo completa el engranaje económico requerido para respaldar la aplicación del Decreto 258-2026 y las enmiendas penales orientadas a contener a las maras, pandillas y estructuras de crimen organizado.
