La crisis política y financiera que atraviesa Paraguay escaló este jueves 5 de noviembre, luego de que el Congreso avanzara con el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de las controversias generadas por la intervención de Ueno Bank y las denuncias sobre sus presuntos vínculos con la entidad financiera.
El proceso tomó mayor fuerza después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación contra el mandatario por supuesto mal desempeño de sus funciones. La decisión fue respaldada por los 78 legisladores presentes y trasladada al Senado, que deberá actuar como tribunal y determinar si existen responsabilidades.
La situación se tornó todavía más compleja tras conocerse la renuncia de Peña a la Presidencia de la República, una decisión que no logró ser tramitada inicialmente en el Congreso debido a la falta de cuórum. La dimisión generó incertidumbre sobre el futuro político del gobernante, especialmente porque su aceptación podría permitirle conservar los privilegios constitucionales correspondientes a un expresidente.
Sin embargo, los legisladores que respaldan el juicio político consideran necesario continuar con el procedimiento para que el mandatario responda por las acusaciones formuladas en su contra. En caso de ser declarado culpable, Peña perdería la posibilidad de ocupar una senaduría vitalicia, condición que contempla la Constitución paraguaya para los expresidentes electos democráticamente que no hayan sido sometidos a juicio político y hallados responsables.
Durante el desarrollo de las actuaciones legislativas, la diputada opositora Rocío Vallejo asumió el papel de fiscal acusadora y presentó los argumentos que sustentan el proceso contra el jefe de Estado.
«Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido», expresó Vallejo al comenzar su intervención ante los senadores, en una sesión en la que la Cámara Alta asumió las funciones correspondientes al tribunal encargado de examinar el caso.
La acusación sostiene que Peña habría incurrido en un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones, señalando cuestionamientos relacionados con su gestión frente a la crisis bancaria y sus presuntas conexiones con Ueno Bank.
Por su parte, el senador oficialista Derlis Maidana explicó que el procedimiento contempla diferentes etapas, entre ellas el reconocimiento de los diputados que actuarán como fiscales acusadores y la posterior conformación del tribunal encargado de escuchar los argumentos y evaluar las responsabilidades atribuidas al mandatario.
La intervención de Ueno Bank desató la crisis política
El origen de la controversia se encuentra en la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir Ueno Bank mediante un procedimiento de resolución, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo establecido por la normativa financiera.
La medida fue adoptada el martes y provocó una fuerte preocupación entre los usuarios de la institución, debido a que sus servicios bancarios quedaron suspendidos y miles de clientes enfrentaron dificultades para acceder a sus ahorros.
Ueno Bank se había convertido en una de las entidades financieras con mayor presencia en Paraguay, con aproximadamente 2,9 millones de clientes. Además, administraba importantes recursos provenientes de instituciones públicas, incluidos fondos vinculados al sistema de previsión social.
