
Con el firme objetivo de garantizar el derecho a un hogar seguro y adecuado para la población, la ministra de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEDUR), Francis Argeñal, confirmó que Honduras avanza de manera decidida en la construcción e implementación de una política nacional orientada a ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna.
La funcionaria destacós que el fortalecimiento de la institucionalidad pública, sumado a la reciente aprobación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, representa un paso trascendental e histórico para dar respuesta a las demandas habitacionales que por décadas han afectado a miles de familias hondureñas en todo el territorio nacional.

Durante su intervención, la ministra Argeñal detalló la magnitud del reto social que enfrenta la nación, revelando que Honduras registra un déficit estimado de 1.6 millones de soluciones habitacionales, una problemática de gran envergadura que requiere de una profunda planificación, inversión constante y coordinación entre diferentes sectores.
La funcionaria recordó además que, aunque la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos fue aprobada en el año 2019, su aplicación práctica permaneció archivada y postergada durante años, por lo que la actual administración busca avanzar con una estrategia sólida que permita atender este desafío social de manera sostenida y con visión de futuro.
En ese sentido, la titular de la entidad explicó que el Gobierno ha fortalecido a la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos para que asuma con firmeza la rectoría del sector y coordine todas las acciones necesarias para desarrollar la política pública.
Para lograr un impacto real, la estrategia estatal contempla la participación activa del sector privado, las instituciones financieras, la academia y la ciudadanía en general, con el propósito fundamental de sumar capacidades técnicas y financieras que permitan generar soluciones acordes a la realidad socioeconómica de las familias hondureñas.
Francis Argeñal sostuvo con contundencia que la vivienda debe mantenerse como una prioridad nacional permanente más allá de los cambios de gobierno, mediante la consolidación de una política de Estado que cuente con continuidad y objetivos claros a largo plazo.
De esta manera, la iniciativa busca sentar las bases institucionales para mejorar el acceso a hogares adecuados, contribuir directamente al bienestar integral de la población y favorecer el desarrollo social y económico en todo el país.