La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó su preocupación por la falta de avances concretos en el proceso de reformas electorales en Honduras, al advertir que, pese a los meses de discusión y presentación de propuestas, todavía persiste la incertidumbre sobre cuándo se materializarán los cambios planteados.
Castellanos señaló que desde marzo se viene abordando la necesidad de introducir modificaciones al sistema electoral, con la participación de distintos sectores que han presentado iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia y mejorar las condiciones de los procesos electorales. Sin embargo, al cierre de octubre, la discusión continúa sin traducirse en resultados concretos que permitan determinar cuándo se aprobarán y comenzarán a aplicarse las reformas.
La representante del organismo anticorrupción considera que el principal desafío radica en pasar de los planteamientos y compromisos públicos a decisiones efectivas. A su juicio, no basta con reconocer la importancia de modernizar las reglas electorales ni con presentar propuestas ante las autoridades; es indispensable construir acuerdos, avanzar en su aprobación y garantizar que los cambios puedan implementarse oportunamente.
Coincidencias en las propuestas, pero sin resultados definitivos
Uno de los aspectos que ha generado coincidencias entre diferentes sectores es la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), una propuesta vinculada con la participación ciudadana en la administración de las mesas electorales.
La discusión sobre este mecanismo forma parte de los esfuerzos por fortalecer la confianza en los procesos de votación y promover una mayor transparencia en las distintas etapas de las elecciones. No obstante, para que una iniciativa de esta naturaleza pueda concretarse, es necesario definir su alcance, establecer reglas claras y determinar los procedimientos que permitan aplicarla de manera efectiva.
Castellanos advirtió que, aunque existen puntos de encuentro entre las propuestas presentadas, todavía no se observan avances suficientes para despejar las dudas sobre el futuro de las reformas. La falta de decisiones definitivas mantiene abierto el debate sobre la capacidad de las instituciones y de los actores políticos para alcanzar consensos en una materia que requiere planificación y voluntad de acuerdo.
La preocupación del CNA se centra, por tanto, no solamente en la existencia de iniciativas, sino en la ausencia de señales claras sobre su aprobación y ejecución.
El tiempo se convierte en un factor determinante
La cercanía del cierre del año añade presión al proceso, debido a que las reformas electorales requieren tiempo para ser discutidas, aprobadas, reglamentadas y puestas en práctica.
Cualquier modificación al sistema electoral debe acompañarse de una planificación que permita a las autoridades responsables preparar los procedimientos, organizar los recursos necesarios y establecer los mecanismos de supervisión correspondientes. Cuando las decisiones se retrasan, el margen disponible para ejecutar los cambios se reduce y aumenta el riesgo de que las medidas no estén listas cuando sean necesarias.
En ese contexto, Castellanos insistió en que la transformación del sistema electoral no puede limitarse a declaraciones de intención. El proceso exige acuerdos políticos e institucionales que permitan convertir las propuestas en disposiciones concretas, con responsabilidades y plazos definidos.
Transparencia y confianza en el sistema electoral
El debate sobre las reformas electorales tiene implicaciones que van más allá de los procedimientos técnicos. La manera en que se organizan las elecciones, se integran las juntas receptoras de votos y se supervisa el desarrollo de la jornada electoral influye en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la legitimidad de los resultados.
Por esa razón, la falta de avances puede alimentar las dudas sobre la capacidad de las instituciones para responder a las demandas de fortalecimiento democrático. Para recuperar y mantener la confianza pública, las decisiones deben adoptarse mediante procedimientos claros, con suficiente anticipación y con garantías de que las nuevas disposiciones podrán aplicarse correctamente.
