La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó un fuerte cuestionamiento a la aplicación selectiva de la justicia en el país, advirtiendo que la credibilidad y legitimidad de las instituciones hondureñas dependen directamente de que las investigaciones y sanciones se ejecuten de forma imparcial, sin privilegios ni distinciones de carácter político.
A través de un contundente pronunciamiento titulado “Justicia a la carta: rigor para unos, complacencia para otros”, la titular del ente anticorrupción señaló que el reciente requerimiento fiscal contra exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y la orden de captura internacional girada contra el expresidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, representan un nuevo y decisivo examen para la institucionalidad del país.
En su declaración, Castellanos sostuvo que investigar y perseguir los presuntos abusos de poder cometidos desde la función pública es un paso absolutamente necesario para la democracia; no obstante, advirtió que estas acciones deben ser evaluadas bajo el mismo estándar de rigor que cualquier otra actuación de los operadores de justicia.
A su criterio, la sociedad no puede respaldar de forma incondicional o a ciegas al Ministerio Público sin examinar previamente de manera objetiva sus resultados, su desempeño operativo y la consistencia técnica de sus decisiones.
La directora del CNA criticó duramente la evidente disparidad en el ritmo con el que se tramitan los procesos judiciales en el país, señalando que mientras algunos expedientes avanzan con una notable e inusual rapidez, otros permanecen en un estancamiento prolongado debido a la mora judicial o a la falta de acciones oportunas por parte de la fiscalía.
Como ejemplo de esta dualidad, la funcionaria hizo referencia a expedientes de alto interés público relacionados con figuras como el expresidente Juan Orlando Hernández, el exdirector de Invest-H Marco Bográn, el exdirigente político David Chávez, así como los exfuncionarios Ebal Díaz y Ricardo Cardona. No obstante, aclaró que cada uno de estos asuntos cuenta con sus propias particularidades procesales y debe ser juzgado estrictamente conforme a los hechos y pruebas acreditados en cada expediente.
Para respaldar su postura sobre el panorama de la impunidad en la nación, Castellanos reveló preocupantes cifras recopiladas por el organismo que dirige. De acuerdo con los datos presentados por el CNA, de un total de 176 expedientes que la institución ha denunciado e investigado, 137 permanecen sumidos en la impunidad, mientras que apenas 34 han sido efectivamente judicializados por el Ministerio Público, lo que significa que casi ocho de cada diez casos presentados no han recibido una respuesta de la justicia.
La funcionaria concluyó que la simple presentación de requerimientos fiscales no resulta suficiente para sostener la narrativa de una lucha efectiva contra las redes de corrupción, enfatizando que un verdadero combate contra este flagelo debe traducirse en investigaciones rigurosas y diligentes, procesos que respeten plenamente las garantías legales, decisiones oportunas y la imposición de sanciones firmes únicamente cuando se compruebe la responsabilidad penal de los acusados.
