La paralización de la consulta externa y procedimientos electivos en los hospitales públicos de Honduras se mantiene activa, afectando a millares de ciudadanos de escasos recursos que carecen de alternativas financieras para atender sus padecimientos en el sector privado. La medida de presión del personal médico continúa a pesar de que la Secretaría de Salud (Sesal) confirmó que el 95 % del gremio adscrito a las asambleas informativas ya recibió el desembolso correspondiente a los sueldos atrasados.
Frente a la continuidad de la suspensión de labores, el presidente de la República, Nasry Asfura, exhortó públicamente a los galenos a reanudar la asistencia hospitalaria, ratificando la voluntad institucional de honrar la totalidad de los compromisos laborales pendientes. «No le estamos negando el pago a nadie, no me le nieguen la salud a nadie», enfatizó el mandatario, advirtiendo que los daños biológicos y clínicos en los enfermos no admiten retroactividad: «La salud no es retroactiva, los salarios se pueden pagar después, pero la vida de las personas no espera».
Por su parte, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, respaldó las cifras oficiales sobre la transferencia de fondos al personal sanitario, instando a los profesionales de la medicina a reintegrarse a sus puestos para garantizar la cobertura asistencial en los centros asistenciales del Estado.
Voces de condena ante el impacto humanitario
La prolongación de la medida gremial ha generado reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad civil: Posición de la ASJ: El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó la interrupción de los servicios estatales como un acto «inhumano» hacia los sectores poblacionales más desprotegidos que dependen exclusivamente de la red pública. Vulnerabilidad socioeconómica: Los pacientes crónicos y de bajos recursos económicos siguen soportando las mayores consecuencias de la falta de atención, al no poder sufragar consultas en clínicas privadas. Contraste operativo: Diversas organizaciones cuestionan el contraste entre la paralización del sistema público y la continuidad operativa de los servicios privados de salud.
