Frente a la evolución de la criminalidad organizada, el Gobierno de Honduras ha puesto en marcha un paquete de reformas y acciones operativas diseñadas exclusivamente a la medida de la realidad nacional. Así lo sostuvo el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, quien defendió la estrategia estatal y descartó que las recientes medidas respondan a una réplica de modelos aplicados en otros países de la región.
Velásquez detalló que, desde la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), las autoridades realizaron un diagnóstico integral para identificar las causas estructurales de la violencia.
A partir de este análisis, se coordinaron acciones para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el sistema penitenciario, destacando la declaratoria de asociaciones terroristas para maras y pandillas, recientemente aprobada por el Congreso Nacional mediante una ley especial.
El titular de Seguridad explicó que las herramientas legales previas resultaban insuficientes frente a los avances de las estructuras criminales.
La nueva normativa busca dotar a las instituciones de mayores facultades penales y procesales, además de imponer un régimen especial de control en los centros penales para evitar que los reclusos continúen ordenando delitos desde el interior de las cárceles.
Respecto a la operatividad, Velásquez informó que actualmente se intervienen más de 14 zonas de alta incidencia en el Distrito Central en coordinación con la Fiscalía. Sin embargo, reconoció la existencia de limitaciones de recursos y personal, señalando que el país cuenta con un promedio de un policía por cada 436 habitantes. Esta proporción exige que las intervenciones se ejecuten de manera estratégica y flexible, adaptando el despliegue a las prioridades territoriales y a las dinámicas de disputa entre bandas.
Al abordar las observaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, el ministro afirmó que la Secretaría de Seguridad respalda la protección de las garantías fundamentales, pero enfatizó que cada sociedad debe construir la legislación más pertinente para controlar la delincuencia y garantizar la tranquilidad de la población.
