Honduras puso en marcha un registro centralizado de beneficiarios finales con el objetivo de identificar a las personas que realmente controlan o se benefician de las sociedades mercantiles, fideicomisos y fondos de inversión que operan en el país.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) será la encargada de administrar este mecanismo. La nueva normativa busca eliminar el anonimato corporativo y fortalecer la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros.
Las entidades obligadas deberán presentar una declaración jurada con información sobre las personas que poseen, directa o indirectamente, al menos el 25 % de participación o ejercen control efectivo sobre la organización.
La CNBS dispondrá de un plazo de 60 días para emitir la reglamentación correspondiente y de seis meses para completar el proceso de inscripción de las entidades sujetas a la ley.
La información recopilada tendrá carácter confidencial y solo podrá ser consultada por personas o instituciones con interés legítimo, conforme a la legislación vigente.
Las autoridades consideran que la medida permitirá identificar con mayor facilidad estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios reales y combatir actividades financieras ilícitas.
