La tragedia provocada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, que dejaron más de 2.000 fallecidos, abrió un nuevo debate sobre la resistencia estructural de edificios construidos bajo el programa Gran Misión Vivienda Venezuela, luego de que varias edificaciones presentaran daños severos en el estado de La Guaira.
Diversos sectores políticos, profesionales y sociales solicitaron la realización de auditorías técnicas independientes para determinar si las afectaciones fueron consecuencia exclusiva de la actividad sísmica o si existieron deficiencias relacionadas con el diseño, los materiales utilizados y la supervisión de las obras ejecutadas durante los últimos años.
La Gran Misión Vivienda fue creada en 2011 como uno de los principales programas sociales impulsados por el gobierno venezolano.
Especialistas en ingeniería y urbanismo señalaron que aún es prematuro establecer responsabilidades definitivas sin estudios estructurales detallados.
Sin embargo, advirtieron que factores como la calidad constructiva, el tipo de suelo y el cumplimiento de normas de resistencia sísmica podrían haber influido en el comportamiento de algunos edificios afectados por los movimientos telúricos.
El debate también reactivó denuncias previas sobre presuntas irregularidades y falta de transparencia en la ejecución de proyectos habitacionales desarrollados durante los gobiernos chavistas.
