La indignación como la libertad no es patrimonio de nadie. Indignados estamos más de ocho millones de hondureños, con legitimo malestar por los reclamos de justicia que hacen los dirigentes del PLR secundados por algunas personas afines, que casi exigen que los funcionarios del PLR en el CNE y TJE, sean elevados al plano de víctimas y perdonados. Quienes de verdad estuvimos a fondo defendiendo la democracia, no lo hicimos motivados por algun tipo de interés, o por vanidad personal o por apoyar a un determinado sector politico. Vimos en el 2024 y 2025 que estábamos a punto de perder a Honduras. Había una oscura confabulación extranjera con el partido gobernante, los pasos que daban los representantes de LIBRE (PLR) en el CNE y el TJE, más el trabajo mefítico, y pestilente que a toda hora realizaba el presidente usurpador del Congreso, Luis Redondo, todos ellos, afanados en el gran objetivo antipatriótico de obstruir el proceso electoral, o en todo caso evitar la declaratoria del resultado electoral para prolongar el Gobierno de Xiomara Castro.
La amplia simpatía que despertó la revuelta popular hondureña contra las pretensiones del Partido Libertad y Refundación, fue lo que hizo que los hondureños se articularan para acudir masivamente a las urnas y vencer de manera contundente a la candidata del PLR, Rixi Moncada, que meses antes nos había amenazado con convertirnos en otra Cuba. No hay ninguna razón que pueda invocarse para pensar que Marlon Ochoa, Mario Morazán, Roosevelt Hernández, Luis Redondo, Johel Zelaya y Rebeca Ráquel de Melara sean merecedores de la compasión ciudadana, para que no se les haga el requerimiento fiscal para ser sometidos a un juicio penal. No es asunto de que los diputados quieran o no cumplir este deber que les impone la ley. Los primeros tres juicios políticos solo deben ser eso, los primeros. Hay otros personajes que no se pueden quedar en el limbo de la impunidad.
Los diputados que se prestaron a formar parte de la seudo Comisión Permanente violaron la Constitución, todos debieron estar conscientes que formar parte de ese cuerpo ilegal los convertía en delincuentes. Debieron saber que, al asumir funciones delicadas, ungidos por un diputado que usurpaba la presidencia del Congreso, los hacía igual de usurpadores. La abogada Rebeca Ráquel de Melara no podía alegar ignorancia de la ley, ella y todos los profesionales que aceptaron integrar el Poder Judicial sabían que el diputado Luis Redondo era un usurpador. No hay manera de dispensarlos y perdonarles semejante atropello a la Constitución de la República.
A veces da la impresión de que, ante el decaimiento de la atención mediática a un asunto de tanta importancia nacional, se troca la realidad, y de repente surge un movimiento revestido de piedad para los violadores de la Constitución, con el pretexto de que el Congreso mejor debe dedicarse a los asuntos del país, en lugar de perder tanto tiempo en los juicios políticos. ¿Y es que acaso, trabajar por el adecentamiento nacional para combatir la impunidad que tanto daño nos ha hecho a los hondureños, no es tan importante como el pan nuestro de cada día? Sepan los ciudadanos que piensan que los juicios politicos nos hacen perder el tiempo, que corremos el riesgo de diluir del todo el precioso momento de deshacernos de la odiosa impunidad. La expresidente Xiomara Castro nos mantuvo con la falsa esperanza de instalar la CICIH, aunque nunca tuvo la intención de combatir la impunidad, porque traer la CICIH para el gobierno de Xiomara Castro, era hacerse el harakiri, suicidio politico.
En cambio, sin necesidad de hacer tanta alharaca, el Congreso Nacional mediante el juicio político está sentando un precedente al destituir al exfiscal Johel Zelaya, al consejero del CNE, Marlon Ochoa, y al magistrado del TJE, Mario Morazán, por cometer flagrantes violaciones contra la Constitución. Ahora le toca al nuevo fiscal general hacer su tarea, porque los tres funcionarios destituidos deben ser enjuiciados en los tribunales de la República. Sin embargo, el Congreso Nacional aún tiene una deuda con otros exfuncionarios que también ameritan ser destituidos mediante el juicio político. Porque, con los tres primeros exfuncionarios destituidos, no están todos los que deben ser separados de sus cargos.
La asonada de febrero del 2022, encabezada por la propia presidente Xiomara Castro, organizada para desconocer la voluntad del pleno del Congreso que minutos antes había electo a la directiva que presidia el diputado Jorge Cálix, fue una peligrosa pendiente antidemocrática, que desconoció la soberanía del parlamento hondureño. Unos pocos diputados radicales del Partido LIBRE, insuflados por la presidente Xiomara Castro, desde las gradas del Palacio Legislativo, son los responsables de haber hundido a Honduras en aquel fango ilegal costroso que nos mantuvo en lo más oscuro de la impunidad. Cuatro años de vivir mancillados y enlodados, han sido un trecho vergonzoso y largo; que haya ciudadanos inconscientes o escépticos, que se quejen porque mantenemos encendida la antorcha de la indignación, es producto de la costumbre de ciertas personas que se acostumbraron a vivir arropados con la costra de la impunidad.
Igual que ayer, cuando nos lanzamos contra los abusos y desmanes del PLR, nos toca recordarle al nuevo gobierno que «los hechos no deben repetirse». La sociedad hondureña aprendió mucho estos cuatro años pasados, y su principal certeza es haber aprendido a no perdonarle los abusos a los politicos. ¡Deben saberlo todos los que gobiernan ahora!
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 20 de abril de 2026.
