El Congreso Nacional de Honduras ha iniciado formalmente el proceso de juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, un mecanismo constitucional activado para garantizar que los altos funcionarios rindan cuentas por sus actos. En este escenario, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha jugado un papel determinante al señalar que este proceso debe ser estrictamente técnico y alejado de intereses partidarios para evitar la impunidad.
El Poder Legislativo asume la responsabilidad política de asegurar el debido proceso, mientras que el CNA ha manifestado su vigilancia permanente para salvaguardar que cada etapa sea transparente. Según los informes presentados, las causales del juicio no responden a hechos aislados, sino a un patrón de conducta vinculado a decisiones de otros funcionarios públicos en un contexto electoral que afecta la institucionalidad.
«La responsabilidad política no puede fragmentarse ni negociarse. El juicio político, con el acompañamiento de entes como el CNA, exige una verdad completa para fortalecer el Estado de derecho», destaca el comunicado oficial.
