Estados Unidos oficializó este 8 de septiembre la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños, marcando un giro histórico en la política migratoria bilateral.
Con esta medida, alrededor de 55 mil hondureños quedan desprotegidos legalmente y deben abandonar el país o acogerse a otro programa migratorio. Aunque la Corte del Noveno Circuito de California se pronunciará el 18 de noviembre sobre su situación, el TPS ya está cancelado, lo que coloca a miles en un limbo legal y con futuro incierto.
El TPS fue otorgado por primera vez en 1999 tras el huracán Mitch y permitió a unos 80 mil hondureños vivir y trabajar legalmente en EE.UU. durante más de dos décadas. La decisión de finalizarlo se basa en el argumento de que las condiciones en Honduras han mejorado, aunque organizaciones migrantes advierten que persisten factores como la violencia, la pobreza y los desastres naturales.
La medida ha generado preocupación y descontento entre la diáspora hondureña, que considera que el fin del TPS representa una amenaza directa a su estabilidad familiar y económica.