No hay valor ni principio del Estado de Derecho que no se encuentre languideciente, vulnerado, escarnecido o difunto, cuando desde la cúspide del Poder Judicial, la titular de la Corte Suprema, en un estado de altanería jerárquica desconozca el precepto que establece un orden determinado, sea de precedencia o de normativa común. Cuando por una imposición ridícula y aberrante de cualquier juez o magistrado, se niega el derecho que la ley le da a un miembro de una de las salas del máximo tribunal para ocupar la coordinación de una de ellas, por puro capricho, o porque así se lo han pedido los altos jerarcas del partido gobernante, hay una burla a la inteligencia y al sentido de la justicia.
De acuerdo al art. 16 del reglamento interno de la Corte Suprema, al momento de ser electos los magistrados, conforme el mencionado artículo, establecen el orden de precedencia en que los miembros de cada sala irán ocupando la coordinación de cada una de ellas. Solo que el magistrado a quien le corresponde el turno para ocupar la coordinación renuncie al desempeño por alguna razón, es que la Presidencia de la Corte Suprema podrá designar al magistrado que le siga en el orden de precedencia. No cabe otra alternativa y si la señora Presidente de la Corte, Rebeca Ráquel de Melara se obstina, es porque ha perdido irremediablemente el buen juicio, el sentido común, el sentido de la justicia, o lo hace porque tiene miedo a perder la estima del alto jerarca del Partido Libertad y Refundación.
Pero suponiendo que sea una actitud personal de la magistrada Raquel de Melara, y que nada tuviera que ver el más alto jerarca de Libertad y Refundación, entonces estaríamos ante un caso de miseria judicial, en que la ley es pisoteada por quien debería hacerla cumplir. Ningún magistrado del Poder Judicial puede albergar en su pensamiento profesional un espíritu tan lleno de irreverencia y contradicciones, pero si así sucediera, la magistrada no estaría haciendo el trabajo que le asigna la ley, sino cometiendo un delito, porque cuando se viola o se desconoce una ley se comete un delito.
Por lo que se puede apreciar la magistrada Rebeca Ráquel de Melara, antes que ocupar la magistratura procura ser una digna sirviente del jefe del partido, que es quien la puso en el cargo. Estaríamos en el caso de una Presidente «ideóloga» que en primer lugar está dispuesta a servir al partido gobernante y después a impartir justicia, siempre y cuando esta no entre en conflicto con los intereses del gobierno y del Partido Libertad y Refundación. Este desdoble de actividades y funciones de la magistrada Presidente Rebeca Ráquel de Melara solo puede operar en la ofuscada o atemorizada conciencia de una funcionaria que llego al más alto cargo de la impartición de justicia con las manos atadas, comprometida a servir al gobierno y al Partido Libertad y Refundación.
De antemano, los hondureños debemos saber que todos los actos de la magistrada Rebeca Ráquel de Melara serán servicios prestados a la alta jerarquía de Libertad y Refundación y al Gobierno de la Presidente Xiomara Castro, pero nunca como una juez o magistrada que trabaje por cuenta de la ley para generar Derecho y hacer justicia. Entonces, las demás fuerzas políticas y los demás sectores de la sociedad hondureña debemos tener presente que estaremos cercenados cuando busquemos el sentido de la justicia porque frente a todos tendremos la obcecación de la señora magistrada Presidente, repitiendo una y otra vez que tal situación ya no existe porque ha sido derogada, un invento de su pobre creatividad para faltar a la verdad.
Lo malo es que la triste salida buscada por la magistrada Presidente Rebeca Ráquel de Melara, nacida de la ofuscación mental o el miedo a perder el favor y el beneficio del gobierno y del alto jerarca de Libertad y Refundación, podría no ser un caso aislado, porque hay otros casos de jueces que está torciendo el Derecho y retorciendo la justicia. Y los hondureños se preguntan: ¿existe en Honduras el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la justicia? Porque si en la misma Corte Suprema la magistrada presidente Rebeca Ráquel de Melara retuerce la ley interna para burlarse de su colega magistrado a quien le toca desempeñar la coordinación de la Sala de lo Constitucional, es porque la libertad se encuentra pisoteada, la democracia vulnerada, la ley violentada, el Estado de Derecho derruido y la justicia escarnecida.
Estamos en el lamentable caso de la calamidad jurídica hondureña, cuando los jueces tuercen el Derecho y ofenden a la justicia. Como bien lo han sostenido varios abogados del foro nacional: ¡esto un verdadero desastre!
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 12 de marzo de 2024.