El fracaso de la institucionalidad de un país se comprueba, cuando desde las instituciones mismas se impide la aplicación de la ley para proteger la impunidad. De ser cierta la especie que los partidos políticos PLR, PN y PL han acordado la aprobación de una Ley de Extradición, que impide que EEUU solicite la extradición de una persona que haya cometido un delito grave en perjuicio de ese país, Honduras quedará soterrada en el cementerio de la soledad en que han quedado Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El auto acordado como está no debe ser derogado ni reformado, porque justo es reconocer que en Honduras no tenemos instituciones independientes que puedan garantizar que el brazo de la ley haga justicia en altos personajes políticos y del gobierno, que han sido mencionados en el juicio de Nueva York, por haber cometido el mismo delito por el que fue juzgado el expresidente JOH. Si esa especie que se ha regado en diferentes círculos y en los mentideros de la política de la capital, responde a lo cierto, el descrédito contra los partidos políticos será tan aplastante que se verá reflejado en un abrumador abstencionismo en las próximas elecciones.
Eliminar el auto acordado sería un crimen contra lo que queda de la justicia hondureña, tan maltrechamente ejercida por magistrados que retuercen la ley por instrucciones de los altos jerarcas del partido gobernante. Sería decretar desde el Congreso Nacional la absolución de los delincuentes, sin ser sometidos a juicio, porque la única esperanza que le queda a la sociedad hondureña es que sea la justicia de EEUU la que saque la cara por una nación donde la justicia solo hinca sus dientes sobre los no tienen el poderoso paraguas protector de los altos jerarcas del gobierno y del partido gobernante.
En Honduras, la justicia no es un arte, ni siquiera una intuición, más bien es una casualidad. Si en los tiempos antiguos Pascal decía que «la justicia era un lujo que solo estaba alcance de unos cuantos privilegiados», impartir justicia no es tarea fácil en un país como Honduras donde ya no queda justicia, y la poca que queda está constantemente expuesta al manoseo de los que abusan del poder, por lo que, lo que prevalece en Honduras es una injusticia consciente que mata a la justicia. En el libro «Los errores judiciales y sus causas», dos abogados franceses del siglo pasado decían que la justicia penal no tiene derecho a equivocarse.
En Honduras no hay errores judiciales por accidente o por equivocación, o por ignorancia, los hay de manera intencionada, por eso es que los hondureños no están en desacuerdo con la extradición de algunos delincuentes a Estados Unidos, y aunque el sistema judicial estadounidense no es nada perfecto y tiene sus bemoles, lo que no tiene es la maldad de aliarse con los delincuentes para blindarlos con la impunidad. Los jueces en EEUU pueden equivocarse y lo hacen a menudo en su calidad de humanos, pero no se asocian con los delincuentes para brindarles impunidad.
Si en el Congreso Nacional llegara a aprobarse la ley de extradición elaborada con una deliberada intención por un equipo de profesionales por encargo del nuevo rector de la UNAH, habrá sido por petición expresa de los políticos que actualmente están encumbrados en el poder, y que fueron varias veces mencionados en el juicio de Nueva York, y que han venido siendo requete mencionados desde hace algún tiempo en el negocio ilícito más perseguido por las autoridades de EEUU.
La sola posibilidad de que la nueva Ley de Extradición, que infortunadamente es un parto de varios abogados penalistas de la UNAH, sea aprobada en el Congreso Nacional para derogar el auto acordado, será la funesta propensión de garantizar la impunidad a toda esa recua que está buscando sobreprotegerse de una posible extradición por parte de EEUU. Sería el broche final que cerraría definitivamente todas las puertas a la cacareada CICIH, que como promesa de gobierno ha sido una farsa de principio a fin.
Porque la nueva Ley de Extradición, elaborada al gusto de los personajes de altos vuelos que han sido mencionados en el juicio de Nueva York, más que una «ley de extradición» es una ley de protección a la impunidad. Y la impunidad es algo que interesa mucho a los que han saqueado las arcas del Estado.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 14 de marzo de 2024.