La declaración de la embajadora de EEUU, Laura Dogu, en la que dijo estar sorprendida al ver al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Roosevelt Hernández, reunidos con el Gral. Vladimir Padrino López, sindicado como narcotraficante, miembro del Cartel de los Soles, despertó reacciones furibundas del gobierno de Libertad y Refundación, llegando al grado de tomar la decisión de denunciar el tratado de extradición con el gobierno de EEUU, o sea suspender la vigencia del mismo, con lo que ya no habría extradiciones de personas solicitadas por las autoridades de EEUU.
La declaración de la embajadora estadounidense esta contemplada en la diplomacia, dentro del derecho que les asiste a los representantes de los países, para expresar ciertas consideraciones o señalamientos cuando un gobierno realiza acciones que contravienen los preceptos establecidos para evitar los riesgos que significa cualquier amenaza a las sociedades, como el narcotráfico, considerado por los organismos internacionales como el negocio ilícito que afecta la salud de millones de personas en el planeta.
Leyendo la declaración publicada por la embajadora Dogu no le encontramos por ningún lado el interés de entrometerse en los asuntos y decisiones de Honduras. Decir que le sorprende que altos funcionarios del gobierno se reúnan con un alto militar venezolano, sindicado de pertenecer a un cartel del narcotráfico, es la preocupación no solo de la embajadora de EEUU sino de la mayoría de los hondureños que no entendemos cual fue el propósito de este encuentro, tratándose que el anfitrión, Padrino López, además de pertenecer a un cartel narco, es el responsable directo de sostener al tirano Nicolás Maduro, que además de robarse las elecciones mediante un fraude descomunal, ha desatado una cacería brutal contra los dirigentes de la oposición venezolana.
Este viaje no es algo simple como lo ha querido hacer aparecer el gobierno del PLR y no es un simple problema como lo pretende minimizar el jefe de las FFAA, Roosevelt Hernández. Por otra parte, tampoco es un asunto de orden comparativo, cuando funcionarios del gobierno justifican la visita al general narcotraficante venezolano con los encuentros que sostuvieron en su momento funcionarios del gobierno de EEUU con el entonces presidente JOH. Son dos situaciones distintas en dos tiempos diferentes. Cuando el expresidente JOH fue recibido en Washington por funcionarios del gobierno de EEUU, lo hizo en el marco del intercambio de apoyo que tenían Honduras y EEUU en la lucha contra el narcotráfico. En ese momento no había ningún señalamiento contra JOH en EEUU por vinculaciones al narcotráfico. Hay que tener en cuenta que en EEUU existe una verdadera separación de poderes, que no permite que ningún organismo interfiera en otro.
Las acusaciones contra JOH surgieron posteriormente y el mismo expresidente, años atrás, siendo presidente del Congreso Nacional, facilitó la aprobación del tratado de extradición, sin saber que tiempo después él mismo sería extraditado por cargo de narcotráfico. Los funcionarios del PLR mezclan las dos situaciones, la de JOH siendo recibido en Washington y la de Zelaya Rosales y Roosevelt Hernández reunidos con Padrino López, pero ambas están diametralmente diferenciadas en el tiempo y circunstancias. Parte de la habitual conducta de los lideres del PLR es mezclar las cosas para confundir y negar responsabilidad.
En el fondo, el PLR termina de distanciarse de EEUU para alejarse del tema extradición, especialmente porque desde hace unas semanas trascendió que desde aquel país se solicitó la extradición de dos altos funcionarios del gobierno del PLR, que no ha sido atendida por la Cancillería. A eso se debe el lenguaje nada diplomático expresado por los altos funcionarios del gobierno, entre ellos la Presidente Xiomara Castro y el canciller Eduardo Reina, que hacen irreversible el choque entre Casa Presidencial y la embajada de EEUU. Una crítica de una embajada a un gobierno no es algo que surge del albedrío de un diplomático, responde a directrices del gobierno central.
La forma de la respuesta del Gobierno del PLR es un rompimiento con la embajada, lo que hace probable que Washington en cualquier momento se pronuncie anunciando alguna medida. Por lo tanto, es previsible que el asunto no termine en el intercambio de mensajes, y que habrá que esperar algo mas. No es fácil articular las consecuencias de este choque entre altos funcionarios del Gobierno del PLR y la embajadora Dogu, que después de su declaración no ha ofrecido ninguna otra manifestación.
Al denunciar el tratado de extradición, el Gobierno del PLR cierra el capítulo de la CICIH, porque el hecho de suspender las extradiciones, que comenzaron en el gobierno de JOH, coloca al Gobierno de Xiomara Castro en el plano contrario, especialmente cuando en los próximos juicios en las cortes de NUEVA YORK podrían aparecer nombres de funcionarios vinculados al actual gobierno. Es innegable que la suspensión del tratado de extradición abre una crisis diplomática y política entre el Gobierno de Xiomara Castro y EEUU.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 28 de agosto de 2024.