
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha intensificado de forma drástica sus operativos preventivos en el norte de Honduras, reportando un saldo de más de 26,000 conductores sancionados en lo que va del año 2026 por incurrir en faltas leves, graves y muy graves a la Ley de Tránsito.
Dentro de los datos estadísticos consolidados por la institución, destaca que 2,200 automovilistas fueron sacados de circulación y multados tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia. El jefe regional de la DNVT, comisionado Jairo Ramos, advirtió que la cifra proyecta superar al cierre de 2026 los registros reportados en 2025, un incremento impulsado por el fortalecimiento de la capacidad operativa policial, la incorporación de mayor personal y la cobertura estricta en ejes carreteros de alto flujo.


Rigurosas pruebas toxicológicas al transporte de carga y público
Como parte de los mecanismos para contrarrestar la siniestralidad vial, la Brigada de Seguridad Vial ha desplegado intervenciones clave en sectores estratégicos como Río Nance y Guaymitas. En estos puntos, con el respaldo técnico del Departamento de Sanidad Policial, médicos especialistas ejecutan pruebas toxicológicas que al inicio registraban hasta seis conductores de transporte pesado positivos por consumo de drogas o alcohol por día.
Ramos enfatizó que estas acciones han obligado a los propietarios de empresas de transporte a ejercer mayor rigor en el perfil de sus motoristas. El uso irresponsable de unidades de carga no solo deriva en el decomiso del vehículo y multas severas al conductor, sino también en la remisión de informes ante el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para la aplicación de sanciones administrativas contra las empresas por poner en riesgo la seguridad vial.
El titular regional subrayó que durante los últimos dos meses estas medidas de contención no han registrado accidentes con desenlaces fatales relacionados con vehículos de carga pesada, al tiempo que se mantienen activas las inspecciones sorpresa al transporte público para proteger la integridad de los usuarios en las carreteras.