El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha generado controversia al ordenar la publicación en el diario oficial La Gaceta de tres contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 190 millones de dólares, sin que se haya ratificado el acta correspondiente en el pleno legislativo. Esta acción, según expertos y legisladores de oposición, viola el procedimiento establecido en la Constitución de la República, que exige la aprobación del Congreso para dar validez a este tipo de acuerdos.
Los contratos, firmados el 30 de diciembre de 2024 entre el Gobierno de Honduras y la CAF, incluyen un financiamiento de 70 millones de dólares para el “Programa de Reinversión e Inversión Pública” y otros dos créditos destinados a proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional. La Secretaría de Finanzas, en representación del Estado, formalizó el acuerdo, suscrito por Maximiliano Ricardo Alonso, ciudadano belga y representante de la CAF. Sin embargo, la ausencia de ratificación por el pleno del Congreso ha llevado a denuncias de ilegalidad, con advertencias de que este proceder arbitrario podría derivar en la anulación de los contratos o en sanciones por parte de organismos multilaterales.