La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, presentó ante el pleno legislativo un proyecto de decreto orientativo a autorizar una asignación presupuestaria extraordinaria de 6.7 millones de lempiras a favor de la Secretaría de Salud (Sesal). La iniciativa busca ejecutar obras urgentes de remodelación y fortalecimiento en la infraestructura de diversas salas del Hospital San Felipe, ubicado en la capital.
De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá realizar las operaciones financieras pertinentes para incorporar estos recursos no recurrentes al presupuesto de la Sesal correspondientes al ejercicio fiscal 2026, garantizando que el dinero sea utilizado de manera exclusiva para este centro asistencial.
El plan de infraestructura contempla tres componentes clave para mejorar la seguridad, acondicionamiento y funcionamiento del establecimiento hospitalario. En primer lugar, se planea la sustitución de ventanas convencionales por estructuras especializadas antisonido y antivandalismo con vidrio templado.
Asimismo, se contempla la rehabilitación, cambio y modernización completa del sistema eléctrico, junto con la actualización integral del sistema de aire acondicionado en aquellas áreas que sean determinadas técnicamente por el personal especializado.
Según la exposición de motivos de la diputada nacionalista por Francisco Morazán, estas intervenciones físicas resultan fundamentales para elevar la calidad de los servicios de salud y brindar espacios más dignos y seguros tanto para los pacientes como para los médicos y el personal sanitario. Matute Cano recalcó que la infraestructura adecuada constituye un pilar esencial para la atención médica, por lo que resulta imprescindible realizar este tipo de inversiones de manera prioritaria.
La iniciativa otorga la responsabilidad absoluta a la Secretaría de Salud para liderar y gestionar los procesos de planificación, contratación, supervisión y ejecución de las obras, asegurando el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas y la legislación vigente.
El proyecto se fundamenta jurídicamente en el artículo 145 de la Constitución de la República, que mandata al Estado a promover y preservar el derecho a la salud de la población, velando al mismo tiempo por una administración transparente y eficiente de los fondos públicos. La propuesta seguirá ahora el trámite legislativo ordinario en el Congreso Nacional, donde pasará a dictamen de comisión previo a su discusión en el pleno.
