El Poder Ejecutivo, a través del secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, ha instruido de manera categórica a los ministros y titulares de las distintas dependencias del gabinete estatal para que tramiten, a más tardar el próximo 31 de diciembre, la salida de los empleados vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre) que aún prestan sus servicios en el aparato público.
Durante una reunión de trabajo con las autoridades de las instituciones estatales, el funcionario dejó en claro que la fecha límite establecida es de carácter estrictamente improrrogable. En ese sentido, solicitó a los ministros gestionar cada una de las desvinculaciones asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales, específicamente mediante el pago oportuno de las prestaciones laborales que le corresponden a cada trabajador conforme a la ley.
En su intervención ante el gabinete de gobierno, el secretario privado enfatizó que las salidas de personal no deben ejecutarse mediante acciones hostiles ni arbitrarias. Por el contrario, instó a los funcionarios a actuar con diplomacia y sensatez, promoviendo acuerdos institucionales que garanticen una transición ordenada y sin vulnerar los derechos adquiridos por los colaboradores salientes durante su tiempo de servicio.
«Si solo es de acercarse, decirle: Ya trabajaste cuatro años. Es el turno de nosotros. Dame espacio. Aquí están tus prestaciones», argumentó Castro al ilustrar la forma en que los ministros y directores deben abordar la comunicación con el personal afectado.
Con esta postura, el Ejecutivo busca marcar una pauta de respeto administrativo y prevenir tensiones laborales al interior de las diferentes secretarías de Estado, garantizando que cada servidor público reciba la compensación económica que le otorga el marco legal hondureño.
Más allá de los aspectos políticos y administrativos de la decisión, Luis Castro hizo un firme llamado de atención sobre las graves implicaciones económicas que acarrea una mala gestión en los procesos de despido. El funcionario advirtió que prescindir de personal sin presupuestar o cancelar sus derechos laborales de manera inmediata suele derivar en prolongados litigios judiciales que perjudican directamente las finanzas del Estado.
Para dimensionar el riesgo de una mala administración en el recurso humano, el secretario privado recordó que al asumir la gestión el 27 de enero, la administración central heredó una pesada carga financiera por el orden de 4,700 millones de lempiras, correspondientes exclusivamente al pago de demandas y juicios laborales perdidos en administraciones anteriores.
Ante este panorama, Castro reiteró que dicha cifra debe servir como una lección administrativa contundente para el gabinete actual. El objetivo central de la directriz, concluyó, es cerrar los ciclos laborales de forma transparente y legal, evitando que el Estado vuelva a incurrir en deudas multimillonarias o en la generación de nuevos pasivos contingentes que comprometan los recursos del país.
