En una jornada marcada por ausencias masivas, el magistrado Mario Morazán enfrentó a la Comisión Especial denunciando persecución de Jorge Cálix. Tania Pinto anuncia que el proceso no se detiene por el feriado: el informe final se cocina bajo presión.
El arranque del Juicio Político en el Congreso Nacional ha dejado un sabor a confrontación y estrategia legal. En una sala donde los ecos de las ausencias pesaron más que los discursos, la Comisión Especial cerró su primer día de audiencias con una determinación clara: la investigación llegará hasta el fondo, con o sin la presencia de todos los señalados.
El «Llanero Solitario» del TJE De los cuatro funcionarios citados, solo Mario Morazán (TJE) dio la cara. El magistrado suspendido no llegó en son de paz; utilizó su tiempo para disparar directo al centro del Hemiciclo.
Morazán señaló al precandidato Jorge Cálix como el artífice de una «venganza política» y presentó una objeción formal contra Kilvett Bertrand, acusándolo de actuar con prejuicios antes de evaluar las pruebas.
Sobre las acusaciones de negligencia, Morazán se defendió alegando que nunca hubo un reglamento para sesiones virtuales y que desconocía la gravedad de la salud de su colega, Miriam Barahona.
Calendario de Hierro: El feriado no detiene el juicio La diputada Tania Pinto, presidenta de la Comisión, lanzó un mensaje de autoridad al concluir la jornada. Mañana, 14 de abril, es feriado nacional (Día de las Américas), pero para el Congreso será un día de trabajo intenso. La comisión habilitará horas inhábiles para evacuar pruebas testificales y documentales.
«Queremos llegar al final de la verdad. Esa incertidumbre del proceso electoral de 2025 no se puede volver a dar», sentenció Pinto, recordando que cuentan con 30 días para determinar si existe «responsabilidad política».
Ausencias y consecuencias Marlon Ochoa (CNE), Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez dejaron sus sillas vacías. Aunque todos están suspendidos, el informe final sugerirá al pleno si procede la destitución definitiva o si se archivan las causas. La Comisión aclaró que su papel es administrativo: no buscan delitos, sino responsables de la crisis institucional que sacudió al país.
