El Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano para implementar un régimen especial, extraordinario y temporal enfocado en agilizar la disponibilidad y ejecución de recursos públicos.
Esta medida está diseñada para cumplir con obligaciones económicas derivadas de procesos de conciliación con el Estado, ofreciendo un plazo máximo de cumplimiento de hasta 18 meses para los beneficiarios.
La normativa habilita a exempleados que prestaron servicios en programas gubernamentales y que mantienen demandas judiciales activas a solicitar una conciliación formal para establecer acuerdos de pago.
Para acceder a este mecanismo excepcional, los interesados deberán demostrar la prestación efectiva del servicio, la ausencia de pagos previos por el mismo concepto y la vigencia de su proceso judicial sin sentencia firme.
Una vez completados los requisitos, las instituciones correspondientes dispondrán de un plazo máximo de 45 días hábiles para formalizar el acuerdo, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, la Secretaría de Finanzas quedó autorizada para realizar las operaciones necesarias que permitan identificar y habilitar los fondos destinados exclusivamente a honrar estas obligaciones de manera mensual y programada.
