En una histórica y decisiva jornada legislativa para la seguridad pública del país, el pleno del Congreso Nacional de Honduras aprobó en único debate la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. La nueva normativa reconfigura de manera drástica el régimen sancionatorio y procesal penal para contrarrestar a las estructuras delictivas responsables de extorsiones, homicidios y desestabilización social en el territorio nacional.
La aprobación se concretó tras la presentación de una moción de dispensa de dos debates promovida por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, contando con la presencia en el hemiciclo de los máximos jerarcas del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional Penitenciario (INP). Durante su alocución, Zambrano remarcó que se trata de la cuarta reforma integral en materia de seguridad aprobada por la actual legislatura, subrayando el imperativo de dotar a los operadores de justicia de herramientas legales contundentes bajo la premisa de que la ciudadanía merece desenvolverse libre de intimidaciones.
Entre las enmiendas más severas figura el incremento sustancial de los castigos por el delito de terrorismo aplicado a integrantes de maras y pandillas, pasando de los 15 a 20 años anteriores a una horquilla de 30 a 40 años de reclusión. Asimismo, el decreto establece la pena de prisión de por vida para los cabecillas de estas organizaciones ilícitas y para aquellos individuos que recluten a niños, niñas y adolescentes para integrarlos a actividades delictivas.
Blindaje procesal, control carcelario y garantías operativas
El cuerpo legal introduce modificaciones clave en los procedimientos de investigación y juzgamiento:
- Ampliación del término de detención: El plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento fiscal tras una captura se extiende de 24 a 48 horas, asegurando la recopilación de elementos probatorios científicos e irrefutables.
- Operaciones e inspecciones coordinadas: Se faculta la ejecución de allanamientos interinstitucionales planificados y dirigidos exclusivamente contra guaridas y centros de operación de pandillas y grupos terroristas.
- Eliminación de beneficios penitenciarios: Los condenados bajo la figura de terrorismo deberán cumplir la totalidad de sus penas en centros de máxima seguridad, quedando privados de optar a la preliberación o libertad condicional.
- Protección legal y legítima defensa: La ley contempla la figura de «casa segura» para proteger a los ciudadanos que ejerzan la legítima defensa dentro de su inmueble, sanciona con el máximo rigor los ataques contra agentes del orden y ordena la erradicación total de grafitis y símbolos delictivos en barrios y colonias.
Los titulares de la Comisión de Defensa y Soberanía, Kilvett Bertrand, y de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, junto al director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, coincidieron en que la normativa garantiza el respaldo institucional a los efectivos que arriesgan su vida en el combate a la delincuencia.
