El Congreso Nacional buscará derogar el artículo 95-A de las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República, una normativa que establece la conciliación obligatoria en determinados procesos judiciales, arbitrales y administrativos de contenido económico contra el Estado hondureño.
La información fue confirmada por el diputado nacionalista Jack Uriarte, quien declaró a El Heraldo que conversó con el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, y que este se comprometió a presentar personalmente la iniciativa de derogación el lunes 12 de octubre.
El artículo 95-A fue incorporado mediante el Decreto 212-2026 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de septiembre de este año. La disposición entró en vigor en octubre y establece que las instituciones públicas involucradas en procesos económicos deben agotar un procedimiento de conciliación antes de continuar con los recursos o instancias posteriores, una vez emitida una resolución de primera instancia.
El mecanismo contempla un plazo máximo de 45 días calendario para buscar acuerdos que permitan resolver las controversias. Además, establece la posibilidad de negociar reducciones de hasta el 20 % sobre los montos reconocidos en resoluciones de primera instancia, convenir planes de pago de hasta tres años y prohíbe el pago de intereses dentro de las conciliaciones.
La medida ha generado cuestionamientos por sus posibles consecuencias para trabajadores, exempleados y otras personas que mantienen demandas económicas contra instituciones estatales. Entre las preocupaciones figura el efecto que estas condiciones podrían tener sobre el cobro de obligaciones reconocidas judicialmente.
El anuncio de derogación se produce pocos días después de que la disposición entrara en vigencia. Previamente, también se habían reportado recursos de inconstitucionalidad relacionados con la normativa.
Sin embargo, es importante aclarar que el anuncio de presentar la iniciativa no significa que el artículo haya sido eliminado. Para que la derogación se concrete, la propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente y ser aprobada por el Congreso Nacional.
Hasta la última información publicada el 9 de octubre, el artículo 95-A continuaba vigente. La situación dependerá de las decisiones que adopte el Poder Legislativo en los próximos días.
