Las condiciones de seguridad para las poblaciones más vulnerables del país registran un deterioro institucional alarmante. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos alertó este jueves que Honduras atraviesa un nivel crítico en la protección de la infancia debido al recrudecimiento de la criminalidad organizada y común en el territorio nacional.
El balance estadístico gestionado por el ente estatal revela que entre el año 2020 y junio de 2026 se contabilizaron aproximadamente 1,330 muertes violentas de niñas, niños y adolescentes. Este indicador epidemiológico de violencia civil representa un promedio de 17 decesos mensuales, lo que equivale a la pérdida de una vida infantil cada 43 horas.
La mortalidad en este sector de la población menor de 18 años constituye el 6.45% del total de los homicidios perpetrados en el país durante el periodo analizado. Las bases de datos institucionales detallan que el año 2021 se posicionó como el ciclo más sangriento con 249 víctimas, mientras que en el primer semestre de 2026 ya se registran 94 asesinatos confirmados.
Los rangos de edad muestran que los adolescentes de entre 15 y 18 años sufren el mayor impacto de la crisis de seguridad, concentrando el 75% de los casos con 997 expedientes. El segundo grupo etario con mayor afectación corresponde a los menores de entre 11 y 14 años, sector que acumula 168 reportes oficiales de fallecimientos intencionales.
La distribución geográfica de la criminalidad evidencia que el 58% de las muertes violentas de infantes se concentra en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Yoro. El Conadeh denunció que la persistencia de estos patrones delictivos está ligada a la debilidad estructural en los procesos de investigación criminal y enjuiciamiento de los autores materiales.
