La directora del CNA, Gabriela Castellanos, criticó duramente a los funcionarios que mantienen demandas legales contra el Estado pero siguen percibiendo salarios de la administración pública. Castellanos señaló directamente el caso del director de Aduanas, Marco Tulio Abadie, y exigió que se prohíba contratar o evaluar a personas con expedientes abiertos contra el país.
Según la funcionaria, es inaceptable que quienes buscan beneficios económicos a costa del Estado ocupen puestos de alta jerarquía sin haber conciliado antes su situación legal.
Por otro lado, la titular del CNA advirtió que esta misma restricción debe aplicarse en la selección de nuevos magistrados para el CNE y el TJE. Reveló que ya han identificado a varios candidatos con demandas activas y que sus nombres serán publicados pronto para evitar que lleguen a cargos clave.
Aunque reconoció avances en una nueva política anticorrupción, Castellanos alertó sobre la persistencia de «fallas estructurales» en la justicia y el riesgo de que se utilicen partidas presupuestarias opacas que repitan vicios del pasado.
