La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) interpondrá la próxima semana acciones legales ante el Ministerio Público contra la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El anuncio fue realizado por el diputado Nelson Leiva, quien calificó los señalamientos de la organización civil como “tendenciosas y malintencionadas”.
Las diligencias judiciales se originan tras la divulgación de un informe de la ASJ, el cual detalla que, entre 2023 y 2025, el Congreso Nacional liderado por Luis Redondo canalizó L 1,837,349,701.14 a través del Fondo de Administración Solidaria. Según la denuncia de la sociedad civil, estos recursos se manejaron mediante una línea presupuestaria discrecional carente de mecanismos efectivos de transparencia, control y rendición de cuentas.
El informe sostiene que congresistas propietarios y suplentes gestionaron ayudas ante la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), abarcando becas, cupones de alimentos, obras de vivienda y kits escolares. Asimismo, la ASJ documentó que los certificados y cupones alimenticios concentraron más de L 187 millones, de los cuales únicamente el 37 por ciento presentaba liquidación. Destacó además que un segmento significativo, estimado en L 53 millones, se distribuyó a través de un grupo reducido de 26 diputados, todos militantes de Libre.
Ante estos señalamientos, el diputado Leiva rechazó categóricamente las acusaciones en declaraciones brindadas a Radio América. El legislador aseguró que los parlamentarios de su partido no administraron directamente los fondos cuestionados y enfatizó que el desembolso de los recursos se realizó de manera directa a los beneficiarios finales.
La iniciativa legal anunciada por Leiva contará con el respaldo unánime de la bancada oficialista, e incluiría la adhesión de exdiputados que también figuran en el documento de la ASJ. Los congresistas argumentan que las imputaciones constituyen delitos de injurias y calumnias, por lo que exigirán deducción de responsabilidades en la vía penal para salvaguardar su honorabilidad institucional.
Este enfrentamiento marca un nuevo capítulo de tensión entre organizaciones de sociedad civil y sectores del oficialismo, centrando el debate en el uso de partidas presupuestarias y los estándares de fiscalización en la gestión de recursos públicos dentro del Poder Legislativo.
