El ministro de la Secretaría de Trabajo, Daniel Discua, advirtió que las asambleas informativas que mantiene el Colegio Médico de Honduras podrían derivar en un procedimiento para declarar ilegal una eventual huelga, siempre que la Secretaría de Salud presente la solicitud correspondiente y se determine que las acciones incumplen la legislación vigente.
El funcionario explicó que la Secretaría de Trabajo puede realizar el procedimiento legal a petición de las autoridades sanitarias y, si se establece la ilegalidad de la huelga, emitir la resolución respectiva. A partir de esa determinación, el empleador estaría facultado para adoptar las medidas que contempla la ley.
Discua aclaró que la Ley General de Inspección del Trabajo no establece sanciones para los trabajadores, sino para los patronos. Sin embargo, señaló que una eventual declaración de ilegalidad de la huelga podría abrir la posibilidad de tomar acciones contra quienes participen en estas medidas.
La advertencia surge en medio de las diferencias entre las autoridades y el gremio médico por el retraso en el pago de salarios a un grupo de profesionales de la salud. Según el ministro, aproximadamente el 80 % de los médicos ya recibió su remuneración, mientras que cerca del 20 % continúa a la espera de los pagos pendientes.
El titular de Trabajo manifestó que el Gobierno ha mantenido abiertos los canales de comunicación con el Colegio Médico y aseguró que el presidente Nasry Asfura ha mostrado disposición para respaldar al sector. No obstante, consideró que las medidas de presión deben tomar en cuenta las repercusiones que generan en la atención de los pacientes.
Asimismo, indicó que tenía conocimiento de la reanudación del diálogo y que, según lo informado por los viceministros Midence y Castillo, se esperaba completar el pago al grupo de médicos pendientes a más tardar el viernes.
Discua sostuvo que, si después de resolver las obligaciones salariales persiste la paralización de los servicios sanitarios, corresponderá evaluar las medidas legales pertinentes. A su criterio, la continuidad de las protestas por una deuda que afecta a una parte del personal no debería comprometer la atención que recibe el resto de la población.
El ministro también detalló que el sistema público de salud cuenta con alrededor de 6,800 médicos, de los cuales unos 5,000 estarían al día con sus pagos. En ese contexto, cuestionó que las acciones de un sector del gremio puedan afectar las labores del conjunto de profesionales y la prestación de los servicios médicos.
La situación mantiene la atención sobre las negociaciones entre las autoridades sanitarias y el Colegio Médico, mientras se busca resolver los pagos pendientes y evitar que las medidas de presión continúen afectando el funcionamiento de los centros asistenciales.
