Uno de cada siete estudiantes que asisten a clases en Honduras llega al centro educativo sin haber comido, una situación que refleja los desafíos que enfrenta el país en materia de nutrición y educación, según el estudio “Alimentando el Futuro: Experiencias locales para mejorar la alimentación escolar en Honduras”, presentado este lunes por el Instituto de la Justicia, centro de pensamiento de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
De acuerdo con el informe, aproximadamente 1.07 millones de niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema educativo, mientras que el 15 % de los estudiantes que sí asisten a clases llega sin haber ingerido alimentos.
El estudio también señala que el 15 % de la población hondureña vive con desnutrición, mientras que un 40 % no cuenta con ingresos suficientes para acceder a una dieta saludable y alrededor del 30 % vive con obesidad, situación que evidencia una doble carga de malnutrición.
Ante este panorama, el Instituto de la Justicia hizo un llamado al Estado hondureño para fortalecer y ampliar la alimentación escolar, al considerar que esta política puede contribuir simultáneamente a mejorar la nutrición, la permanencia de los estudiantes en las aulas y las economías locales.
Programa beneficia a 1.3 millones de estudiantes
Actualmente, el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) beneficia a aproximadamente 1.3 millones de estudiantes, con una inversión pública de 1,022 millones de lempiras durante 2026.
El Instituto de la Justicia reconoce que el programa cuenta con una cobertura prácticamente nacional, pero plantea como uno de sus principales desafíos mejorar la calidad y diversidad de los alimentos que reciben los estudiantes.
Según el estudio, la ración básica está compuesta principalmente por arroz, frijoles, harina y aceite, por lo que se plantea avanzar hacia una alimentación más variada y nutritiva y procurar que los alimentos sean preparados y consumidos dentro de los centros educativos.
Experiencias que podrían ampliarse
La investigación también analizó experiencias desarrolladas por organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales.
Entre ellas se encuentra el modelo de Catholic Relief Services (CRS), que atendió a 95,058 estudiantes entre 2013 y 2025 y que incorpora alimentos frescos mediante una logística basada en puntos de entrega cercanos a los centros educativos.
También se analizó el trabajo del Proyecto Aldea Global, que atiende a 26,500 estudiantes en 12 municipios de Santa Bárbara y combina el apoyo de municipalidades y mancomunidades con compras a productores locales.
Asimismo, la Asociación Hondureña Predicar y Sanar (PREDISAN) beneficia a 12,348 estudiantes en cuatro municipios de Olancho y destaca por la participación comunitaria y mecanismos para garantizar el abastecimiento de alimentos.
El estudio fue elaborado a partir del análisis de 47 investigaciones y consultas a 223 personas mediante 28 espacios de diálogo con padres de familia, gobiernos locales, agricultores e implementadores de programas de alimentación.
Proponen una ruta hacia 2030
El Instituto de la Justicia plantea aprovechar estas experiencias de cara a 2030, año en el que está prevista la transición hacia una gestión directa del Programa Nacional de Alimentación Escolar por parte del Estado.
Entre sus propuestas se encuentran fortalecer la rectoría nacional y la implementación local, garantizar un financiamiento estable, priorizar las compras a productores locales, adaptar la logística a las condiciones de cada territorio, mejorar la calidad nutricional de los alimentos y establecer mecanismos de monitoreo y transparencia.
El centro de pensamiento de la ASJ sostiene que Honduras no necesita comenzar desde cero, sino integrar las prácticas que ya han demostrado resultados y llevarlas a una mayor escala, colocando al estudiante como eje de la política de alimentación escolar.
