El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ya no tiene vigente la alerta migratoria que le impedía salir del territorio nacional, luego de que este jueves 12 de noviembre de 2026 se notificara a su equipo legal la suspensión de esta medida cautelar, que permanecía activa desde abril de 2022.
La decisión representa un nuevo cambio en la situación jurídica del exmandatario, quien permanecía sujeto a esta restricción migratoria desde el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. Con el levantamiento de la medida, Hernández queda habilitado para salir de Honduras, al menos en lo que respecta a esta alerta específica.
La restricción se originó cuando las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de Hernández, quien fue detenido en febrero de 2022 y posteriormente entregado a Estados Unidos en abril de ese mismo año. Sin embargo, la alerta migratoria continuó apareciendo en los registros hondureños pese a que el procedimiento de extradición ya se había concretado.
Ante esta situación, su equipo de abogados presentó en septiembre y octubre de 2026 gestiones ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar que se dejara sin valor ni efecto la medida, argumentando que no existían razones para mantener una prohibición de salida vinculada con un proceso que había concluido.
La abogada Angie Colindres, integrante de la defensa, había explicado que la solicitud buscaba que el Poder Judicial emitiera una comunicación oficial dirigida al Instituto Nacional de Migración (INM), a fin de eliminar la restricción de los registros correspondientes.
En octubre, el pleno de magistrados de la CSJ designó jueces naturales para conocer las solicitudes relacionadas con la alerta migratoria. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, había explicado que la medida necesitaba una resolución judicial expresa para poder ser suspendida, debido a que fue ordenada originalmente por un juez durante el procedimiento de extradición.
El caso tiene como antecedente la condena que recibió Hernández en Estados Unidos. En marzo de 2024, un tribunal federal lo sentenció a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y armas. No obstante, el 1 de diciembre de 2025 recuperó su libertad después de recibir un indulto presidencial otorgado por Donald Trump.
Posteriormente, el exgobernante regresó a Honduras el 26 de julio de 2026, luego de permanecer más de cuatro años fuera del país.
Otro acontecimiento relevante en su situación judicial ocurrió en septiembre de 2026, cuando un juez hondureño dictó sobreseimiento definitivo a su favor en el caso Pandora II, en el que enfrentaba acusaciones por fraude y lavado de activos. Esta resolución dejó sin efecto las medidas cautelares correspondientes a ese expediente, aunque el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República presentaron recursos de apelación.
La defensa ha insistido en que la alerta migratoria ahora suspendida corresponde al antiguo proceso de extradición y no debe confundirse con las actuaciones judiciales relacionadas con otros expedientes.
Con esta notificación, Hernández queda sin el impedimento migratorio específico que mantenía desde 2022. Sin embargo, la suspensión de esta alerta no equivale a una declaración general de inocencia ni determina por sí misma el resultado de otros procedimientos judiciales que pudieran estar pendientes.
