El viceministro de la Secretaría de Trabajo, Daniel Discua, informó que una mayoría de empleados públicos separados de sus cargos estaría recurriendo a procesos legales contra el Estado, situación que podría representar una presión adicional para las finanzas públicas.
Según el funcionario, de cada 10 trabajadores despedidos, aproximadamente siete interponen demandas, muchas de ellas relacionadas con procesos de separación derivados de reestructuraciones institucionales.
Discua explicó que algunos despidos responden a casos de duplicidad de funciones o a empleados que, según las evaluaciones realizadas, no cumplirían con los requisitos establecidos para ocupar determinados puestos.
El viceministro señaló que las instituciones deben continuar con procesos orientados a mejorar la eficiencia administrativa, aunque advirtió que el aumento de demandas laborales podría generar compromisos económicos para el Estado y afectar la disponibilidad de recursos destinados a sectores prioritarios.
