La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), anunció el endurecimiento de las acciones de control y vigilancia en los mercados del país.
La medida responde directamente a la declaratoria de emergencia nacional por un periodo de 120 días decretada a causa de la sequía, con el objetivo primordial de velar por los derechos e intereses económicos de los consumidores hondureños.
Durante este lapso, las autoridades mantendrán un monitoreo permanente sobre los productos de primera necesidad susceptibles a alteraciones en sus precios.
En el marco de la Ley de Protección al Consumidor, la SDE advirtió que sancionará con rigurosidad las prácticas de especulación, acaparamiento y la comercialización ilegal de bienes.
Las penalizaciones contemplan multas económicas de hasta L149 millones (equivalentes a 10,000 salarios mínimos según la gravedad de la falta), además de la posibilidad de aplicar cierres temporales de los establecimientos infractores por plazos de hasta un mes.
Finalmente, las autoridades gubernamentales hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier incremento injustificado de costos o irregularidades en la venta de productos, facilitando la información necesaria para iniciar las investigaciones correspondientes.
Con esto, el Gobierno de la República reafirmó su compromiso de garantizar el funcionamiento transparente de los mercados y proteger la economía familiar mientras dure la contingencia climática.
