En una oportuna y coordinada intervención interinstitucional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en estrecha colaboración con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), logró el rescate y puesta bajo protección de dos hermanos de cinco y ocho años de edad. La operación de salvaguarda se llevó a cabo en el municipio de Gualala, ubicado en el departamento de Santa Bárbara, tras exhaustivas diligencias investigativas.
De acuerdo con el reporte oficial proporcionado por las autoridades competentes, la actuación policial y de protección social se desencadenó a raíz de una alerta e investigación en curso relacionada con presuntas conductas de exhibicionismo y una grave vulneración a los derechos fundamentales de la niñez.
Las pesquisas preliminares señalan un escenario alarmante: la propia madre de los menores estaría presuntamente involucrada en haber obligado o utilizado a sus hijos para la grabación, mediante el uso de un teléfono celular, de contenido de carácter íntimo e inapropiado.
Ante la gravedad de los indicios recabados en la zona, los agentes asignados a la Unidad Departamental de Investigación Criminal No. 16 (UDIC-16) ejecutaron las inspecciones necesarias que permitieron ubicar el domicilio y dar con el paradero de los afectados.
Los menores rescatados corresponden a una niña de cinco años y un niño de ocho años, quienes de manera inmediata fueron puestos bajo un estricto régimen de protección institucional para salvaguardar su integridad física y emocional.
Como parte de los protocolos establecidos para garantizar una atención integral y especializada, los dos niños fueron trasladados inicialmente al Ministerio Público. En esta instancia se les realizarán las respectivas evaluaciones médicas, legales y psicológicas indispensables para documentar el caso y determinar el impacto de los hechos denunciados.
Posteriormente, cumpliendo con las directrices de protección de menores en situación de riesgo social, ambos hermanos fueron trasladados y puestos bajo el resguardo seguro de una casa hogar autorizada.
Mientras tanto, los equipos de investigación continúan con las diligencias complementarias para esclarecer por completo lo sucedido, recabar pruebas científicas y deducir las responsabilidades penales que correspondan a los adultos implicados en este repudiable hecho que vulnera los derechos de la infancia en la región occidental del país.
