La entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final marca un nuevo paso para fortalecer la transparencia financiera en Honduras y combatir delitos como el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada.
No obstante, su implementación plena dependerá de la emisión del reglamento que definirá los procedimientos para su aplicación.
La normativa, contenida en el Decreto Legislativo No. 127-2026, crea el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), que será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Este sistema permitirá identificar a las personas que ejercen el control efectivo de sociedades y otras estructuras jurídicas que operan en el país.
La ley responde a compromisos asumidos por Honduras ante organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y busca garantizar que las autoridades competentes cuenten con información precisa y actualizada para prevenir y detectar operaciones vinculadas con actividades ilícitas.
La CNBS también será responsable de resguardar la información bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.
De acuerdo con la legislación, la CNBS dispondrá de 60 días hábiles para emitir el reglamento que establecerá los mecanismos de funcionamiento del registro y el proceso de inscripción de las entidades obligadas.
