La Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé remitir en octubre al Congreso Nacional un anteproyecto de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, con el objetivo de actualizar una normativa que permanece vigente desde 1997 e incorporar nuevas formas de violencia que actualmente no están contempladas de manera expresa.
La magistrada de la Sala Civil de la CSJ, Rubenia Galeano, informó que el proyecto continúa en proceso de revisión y que la intención es presentarlo ante el Legislativo acompañado de un respaldo económico-financiero que permita garantizar su aplicación.
Entre los principales cambios que se analizan está la incorporación de los conceptos de violencia vicaria y violencia digital. La primera contempla situaciones en las que los hijos pueden ser utilizados como un medio para causar daño a la mujer, mientras que la segunda comprende el uso de medios electrónicos o digitales para provocar afectaciones físicas, psicológicas o sexuales.
El anteproyecto también plantea que los jueces puedan tomar en cuenta el historial de violencia al analizar un caso, en lugar de valorar únicamente el último episodio denunciado. Asimismo, se contemplan modificaciones a los procedimientos y mecanismos de reparación para las víctimas.
Otro de los puntos en discusión es la actualización y homologación de las sanciones. De acuerdo con información divulgada durante el proceso de elaboración, se analiza ampliar el período de trabajo comunitario para personas sentenciadas por violencia doméstica, además de incorporar las nuevas restricciones aprobadas recientemente por el Congreso Nacional.
La propuesta está siendo elaborada mediante un trabajo interinstitucional que involucra al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y organizaciones de mujeres. Desde 2025 se desarrolla un proceso de diagnóstico y revisión de la legislación, con análisis artículo por artículo.
Según la Policía Nacional, a través de la línea 114, Mujer Vivir Sin Miedo, se registraron 1,354 denuncias por violencia doméstica en 2024, 2,037 durante 2025 y alrededor de 1,564 incidencias hasta agosto de 2026. De estas últimas, 285 personas habían sido detenidas por diferentes hechos relacionados con violencia doméstica, maltrato familiar y amenazas.
La magistrada Galeano señaló que uno de los objetivos es que la nueva normativa no solo fortalezca la respuesta judicial, sino que también permita mejorar la asistencia y reparación de las víctimas, así como la coordinación entre las instituciones encargadas de atender estos casos.
El documento deberá continuar su proceso de revisión dentro del Poder Judicial antes de ser remitido oficialmente al Congreso Nacional, donde corresponderá a los diputados analizar y decidir sobre su aprobación.
