La Procuraduría General de la República (PGR) espera avanzar en la formalización de la Política Nacional Anticorrupción una vez superada la sexta revisión del programa económico de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó el procurador general, Dagoberto Aspra.
La propuesta contempla medidas de transparencia, recuperación de activos y prevención de actos de corrupción; su formalización dependerá de una decisión del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con declaraciones recogidas por Proceso Digital este lunes 19 de octubre, la estrategia se trabaja en coordinación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y busca establecer acciones para fortalecer la transparencia y la integridad en las instituciones públicas.
La propuesta contempla varios ejes, entre ellos la recuperación de activos, la prevención y sanción de actos de corrupción, el fortalecimiento de la integridad pública y la participación ciudadana. Durante la revisión del programa económico, las autoridades prevén exponer ante la misión del organismo internacional los alcances de esta estrategia.
Aspra indicó que, una vez concluida esa etapa, se espera que el Poder Ejecutivo formalice la política mediante un decreto ejecutivo conocido como PCM y establezca una mesa técnica para coordinar su implementación.
De manera paralela, el procurador informó que la PGR presentó al Ejecutivo, para su análisis, una propuesta de Ley de Cumplimiento Antisoborno. El proyecto contempla reformas a la Ley de Contratación del Estado para reforzar los controles de auditoría, así como modificaciones al Código Penal relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Posteriormente, la iniciativa sería remitida al Congreso Nacional para su discusión.
La revisión del FMI, que comenzó este 19 de octubre, constituye la última evaluación del programa económico vigente. El proceso examina el cumplimiento de los compromisos asumidos por Honduras y los resultados de las políticas económicas y fiscales implementadas.
La formalización de la política anticorrupción y la eventual discusión de nuevas reformas legales se mantienen como pasos pendientes. Su alcance dependerá de las decisiones que adopten las autoridades y del proceso legislativo correspondiente.
