Diversas organizaciones indígenas, campesinas, feministas, estudiantiles y obreras presentaron un habeas corpus preventivo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para proteger 217 territorios que consideran en riesgo por la aplicación de la Ley de Fomento y Protección a la Agroindustria.
El abogado Edy Tábora explicó que la acción busca garantizar los derechos de comunidades que, según los promoventes, podrían enfrentar desalojos o desplazamientos relacionados con proyectos agroindustriales, turísticos y energéticos.
El recurso fue interpuesto con carácter preventivo y colectivo.
La solicitud fue presentada contra autoridades de los tres poderes del Estado, así como contra responsables de organismos de seguridad y defensa, argumentando que podrían tener participación en eventuales acciones derivadas de la aplicación de la normativa.
Los sectores impulsores pidieron a la Sala de lo Constitucional actuar con rapidez, nombrar jueces ejecutores y adoptar medidas preventivas mientras se analiza el caso, con el fin de resguardar a las comunidades que consideran vulnerables ante posibles afectaciones territoriales.
