La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), liderada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, pidió garantizar la plena independencia y autonomía de las autoridades electorales para que puedan concentrarse en su labor técnica sin interferencias.
La Misión expresó su preocupación por los reportes de que integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) estarían considerando renunciar ante presiones externas e intromisiones judiciales. También instó a los actores políticos a moderar el discurso para evitar que la retórica afecte el desarrollo pacífico de la etapa preelectoral.
La MOE/OEA pidió que se respete el derecho de las candidaturas a hacer campaña en condiciones de libertad y sin judicialización del proceso. Afirmó que Honduras merece elecciones tranquilas, respetuosas y centradas en propuestas.
Durante su visita preliminar, la Misión se reunió con autoridades del Estado, candidatos presidenciales y miembros de la comunidad internacional, y destacó el consenso entre actores políticos en favor de un proceso libre, justo y transparente. La MOE/OEA reiteró su compromiso con el país y anunció que desplegará una misión robusta para las elecciones de noviembre.
La Unidad Especial Contra Delitos Electorales del Ministerio Público de Honduras notificó formalmente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, que los escuchará en calidad de investigados por una denuncia relacionada con múltiples delitos de alta gravedad.
Según el oficio 330-2025, fechado el 30 de julio de 2025, las autoridades investigan a los tres funcionarios por los presuntos delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Constitución, la seguridad del Estado, la integridad territorial y la administración pública.
Aunque inicialmente la Fiscalía iba a tomarles declaración como testigos, tras analizar la denuncia número 1752075881-2025, decidió escucharlos en calidad de investigados.
El documento indica que se respetarán sus derechos constitucionales durante el proceso.