El Poder Judicial de Honduras modificó las medidas cautelares para el ciudadano estadounidense Murray Paul Farmer, representante de la empresa DRC Inc., procesado por supuestos delitos de fraude.
A petición de su defensa, un juez natural decidió retirarle el arresto domiciliario que cumplía, imponiéndole en su lugar la prohibición de salir del país, presentarse a firmar el reloj biométrico de la Corte Suprema de Justicia, quedar bajo la vigilancia de sus abogados y rendir una fianza de 100 mil dólares. El portavoz judicial, Carlos Silva, confirmó que el proceso legal en su contra se reanudará el próximo 25 de mayo con la continuación de la audiencia inicial.
El caso penal contra Farmer se remonta a contratos e irregularidades surgidas tras el paso del huracán Mitch, donde la Fiscalía señala una red de corrupción que involucra a ex altos funcionarios del gobierno hondureño, entre ellos exministros y asesores legales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados promovieron demandas fraudulentas y firmaron convenios extrajudiciales ilegales basados en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la ley, con el único fin de obligar al Estado a realizar millonarios pagos de fondos públicos a empresas privadas.
