El Ministerio Público de Honduras advirtió que podrían iniciarse acciones penales tras la reciente destitución de altos funcionarios mediante juicios políticos en el Congreso Nacional, al señalar que los hechos serán evaluados más allá del ámbito político.
El fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, afirmó que los resultados de estos procesos no se limitarán a decisiones administrativas o legislativas, sino que serán sometidos a un análisis técnico-jurídico para determinar si existen responsabilidades penales.
“El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político”, expresó el titular del ente acusador, al subrayar que, de encontrarse indicios de delitos como corrupción, prevaricato u otros contra la administración pública, se procederá conforme a la ley.
En ese contexto, el Ministerio Público confirmó que revisará el informe derivado de la destitución del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, así como otros casos vinculados a los recientes procesos en el Legislativo.
Morazán fue sometido a juicio político junto al exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en el proceso electoral de 2025. Aunque ambos funcionarios ejercieron su defensa ante el pleno del Congreso, finalmente fueron destituidos junto a otros implicados.
