En un contundente paso hacia la fiscalización del patrimonio del Estado y la rendición de cuentas, los cinco integrantes de la Comisión Liquidadora de instituciones gubernamentales se apersonaron la mañana de este miércoles a la sede central del Ministerio Público para interponer formal denuncia penal y entregar un abultado expediente que documenta al menos 10 líneas de investigación por presunta malversación de caudales públicos, inconsistencias en contrataciones y drenaje de fondos estatales durante el Gobierno saliente.
Tras la entrega de los legajos documentales, la vocera del Ministerio Público, Claudia Díaz, confirmó la recepción oficial de la denuncia y anunció que el ente acusador del Estado iniciará de oficio las diligencias investigativas mediante las fiscalías especializadas correspondientes. El presidente de la junta liquidadora, Ángel Antonio Mendoza Velásquez, manifestó que el equipo técnico ha puesto a disposición de los fiscales toda la evidencia recopilada con el propósito de sustentar los requerimientos penales y deducir responsabilidades a los exfuncionarios involucrados.
Las indagaciones abarcan una serie de hallazgos críticos en la administración de proyectos sociales, infraestructura hospitalaria, transferencias bancarias y la supresión de dependencias del Poder Ejecutivo, acumulando un impacto financiero estimado en cientos de millones de lempiras.
Expedientes emblemáticos: Hospital de Santa Bárbara, ONG de maletín y transferencias a Banadesa
Los comisionados detallaron la naturaleza de los principales hallazgos presentados ante la representación fiscal:
- Inconsistencias en Convivienda y Banadesa: La comisionada Denisse Yamileth Rosales Rivera requirió una investigación prioritaria sobre la transferencia presuntamente irregular de más de 230 millones de lempiras gestionados desde Convivienda hacia el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
- Paralización hospitalaria e insumos archivados: En el ámbito de los programas sociales (Red Solidaria, Proasol y Sedesol), el comisionado Mario Celín Simón Perla denunció la paralización de la obra del hospital neonatal de Santa Bárbara —ejecutada en apenas un 27 % pese a que su plazo venció legalmente el 10 de enero de 2026—, lo que provocó que el BID declarara el proyecto inelegible. Además, se evidenció la adquisición de 147 millones de lempiras en equipo biomédico almacenado en bodegas con garantías en curso.
- Redes de asistencialismo y ONG fantasma: Simón Perla reveló discrepancias entre los registros del Instituto Nacional de Migración y las entregas de bonos a migrantes retornados (70 mil bonos reportados frente a 40 mil retornos reales), sumado a la erogación de 60 millones de lempiras a una ONG con sede en una caseta abandonada en La Ceiba, contratada por compra directa para evadir la Ley de Contratación del Estado.
- Bienes no localizados y anticipos sin obra: El comisionado Carlos Humberto Hernández Erazo reportó la falta de evidencia física sobre 10 mil bienes adquiridos (un perjuicio superior a L10 millones) y la entrega de 228 millones de lempiras en pagos anticipados del 100 % a constructoras de mobaje escolar sin actas de recepción formal.
- Gasto desmedido en Planificación Estratégica: Finalmente, el comisionado Leonel Humberto Núñez Espinoza detalló la supresión de la Secretaría de Planificación Estratégica, dependencia cuyo presupuesto escaló exponencialmente hasta superar los L1,600 millones en 2025. Núñez denunció contrataciones millonarias a empresas privadas por L54 millones, pagos a consultores extranjeros (cubanos, venezolanos y argentinos), financiamiento de plataformas digitales de perfiles políticos y gastos desmedidos en viáticos y rentas vehiculares.
Las denuncias formalizadas por la Comisión Liquidadora se suman a los informes remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), marcando el inicio de un proceso judicial de alto impacto para la persecución de delitos contra la administración pública.
