
Durante la presentación del informe, Ayestas expuso que las cifras acumuladas durante las últimas dos décadas reflejan la persistencia de la violencia homicida contra las mujeres y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, investigación y persecución penal para evitar que estos crímenes continúen quedando en la impunidad.
La especialista detalló que solamente durante 2025 se registraron 1,072 muertes de mujeres por causas externas, de las cuales 288 correspondieron a homicidios, convirtiéndose esta categoría en la principal causa externa de muerte entre las mujeres contabilizadas en el informe.
“8,034 son las muertes violentas desde el 2005 al 2025, y que en el año 2025 se registraron 1,072 muertes por causa externa, donde los homicidios de mujeres están ocupando el primer lugar con 288”, explicó.

Los datos presentados evidencian que la violencia no afecta de manera uniforme a todos los grupos de edad ni a todas las regiones del territorio nacional, debido a que existen sectores poblacionales y departamentos que concentran una mayor cantidad de víctimas.
Mujeres jóvenes concentran la mayor cantidad de víctimas
De acuerdo con el análisis del OV-UNAH, las mujeres de entre 15 y 29 años representan el grupo etario con mayor registro de muertes violentas, una situación que refleja la vulnerabilidad de las jóvenes frente a diferentes expresiones de violencia criminal.
En cuanto a la distribución geográfica, los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Lempira acumulan cerca del 60 % de los casos documentados, lo que evidencia una concentración importante de estos hechos en determinadas zonas del país.
Entre los municipios que registran mayores cifras de muertes violentas figuran el Distrito Central, San Pedro Sula, Catacamas, Juticalpa, La Ceiba y Choluteca.
Asimismo, el Observatorio informó que la tasa nacional de homicidios de mujeres cerró 2025 en 5.6, un indicador que permite dimensionar la incidencia de este tipo de violencia en el territorio hondureño.
Para Ayestas, estas estadísticas deben servir como una herramienta para orientar las políticas públicas y las acciones de seguridad, especialmente en las comunidades donde se identifican mayores niveles de riesgo para las mujeres.

Una mujer muere violentamente cada 31 horas en 2026
Uno de los datos que más preocupa al Observatorio corresponde a los 211 homicidios de mujeres registrados durante 2026, cifra que representa una víctima cada 31 horas y tres minutos.
La directora del organismo universitario advirtió que el comportamiento de este indicador demuestra que el país todavía enfrenta dificultades para prevenir los asesinatos y garantizar que los responsables sean identificados y llevados ante los tribunales.
Ayestas sostuvo que las reformas penales relacionadas con el delito de femicidio deben estar acompañadas de investigaciones criminales sólidas, capaces de establecer quiénes cometieron los asesinatos, cuáles fueron las circunstancias de los hechos y dónde se concentran los principales riesgos.
A su criterio, aumentar las penas o modificar las disposiciones legales no será suficiente si las instituciones encargadas de investigar carecen de capacidad para esclarecer los crímenes y capturar a los responsables.
Yoro concentra la mayor cantidad de homicidios múltiples
Durante la presentación de las estadísticas, Ayestas también se refirió a la situación de violencia que atraviesa el país y reveló que Honduras acumula 33 homicidios múltiples con un saldo de 138 personas fallecidas durante 2026.
El departamento de Yoro presenta la situación más preocupante, con 12 hechos de esta naturaleza y 44 víctimas, seguido por otros departamentos que también registran episodios de violencia colectiva.
La directora del OV-UNAH destacó la gravedad de los acontecimientos registrados en Yoro, donde en una misma jornada se reportaron cuatro escenas criminales diferentes, con tres personas fallecidas en cada una.
Estos hechos incrementan la preocupación por la presencia y capacidad de actuación de las estructuras criminales, además de generar temor entre los habitantes de las comunidades afectadas.