El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) decidió declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales que operan en Honduras, durante una reunión celebrada la noche del viernes 18 de septiembre en Casa Presidencial.
La decisión fue adoptada de manera unánime por los integrantes del Consejo, encabezado por el presidente Nasry Asfura, junto a los titulares de los tres poderes del Estado y autoridades de seguridad y justicia.
Sin embargo, hasta la mañana de este sábado las autoridades no habían revelado oficialmente los nombres de las tres organizaciones. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, indicó que los nombres serán dados a conocer posteriormente, una vez que se ejecuten las acciones correspondientes.
La medida se produce después de que el Congreso Nacional aprobara en mayo reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que ampliaron las disposiciones relacionadas con las asociaciones terroristas.
La nueva normativa establece que pueden ser consideradas asociaciones terroristas aquellas estructuras organizadas que cometan delitos graves y que, entre otras circunstancias, mantengan presencia o dominio territorial mediante violencia, amenazas, intimidación o coerción, o utilicen actividades criminales sistemáticas para obtener recursos. La legislación también contempla expresamente a estructuras conocidas como maras o pandillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.
¿Qué implica la decisión?
La declaratoria permitirá al Estado aplicar el marco penal correspondiente a las organizaciones que sean oficialmente incluidas en esta categoría. Las reformas establecen penas de 15 a 20 años de prisión para directivos, promotores y financistas, mientras que los integrantes de una asociación terrorista pueden enfrentar penas de 10 a 15 años, además de multas.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, había explicado días antes que la intención era utilizar las nuevas herramientas legales contra estructuras que ejerzan control territorial, generen temor en la población o cometan actos que encajen en los criterios establecidos por la legislación.
La decisión también se produce en medio de un debate sobre posibles medidas de seguridad focalizadas en municipios con altos niveles de criminalidad. El CNDS discutió la posibilidad de implementar un estado de excepción focalizado, aunque en la reunión del viernes no se anunció una decisión definitiva sobre esa medida.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó preocupación por los anuncios relacionados con la eventual declaratoria de estructuras criminales como asociaciones terroristas y recordó que cualquier respuesta estatal debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ahora, queda pendiente que el Gobierno revele oficialmente cuáles son las tres estructuras criminales incluidas en la declaratoria y cuáles serán las primeras acciones que las autoridades ejecutarán bajo este nuevo marco.
