El Gobierno aprobó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC) mediante el decreto legislativo 84-2026, un nuevo órgano que operará bajo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Esta agencia tiene como objetivo unificar y coordinar las operaciones de las principales fuerzas del país como la Policía Nacional, la DPI, la ATIC y la Policía Militar para combatir de manera conjunta la extorsión y el crimen organizado.
Para asfixiar las finanzas de las estructuras criminales, el decreto ordena crear una plataforma digital que centralizará información sobre números telefónicos, cuentas bancarias y billeteras electrónicas bajo investigación.
Las empresas que prestan estos servicios financieros tendrán un plazo máximo de 30 días para entregar los datos requeridos, mejorando así la tecnología y la inteligencia del Estado para proteger a los ciudadanos y comerciantes.
