La Fiscalía Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público dio un paso contundente al requerir formalmente a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) toda la documentación e investigaciones internas relacionadas con la entrega tardía de material electoral en el Distrito Central durante los comicios primarios celebrados el pasado año.
A través del oficio número 242-2026, dirigido de manera directa al jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, el ente fiscalizador solicitó copias debidamente certificadas de los expedientes que detallan las fallas, demoras y alteraciones en las rutas de distribución del material electoral registradas el 9 de marzo. La línea de investigación busca esclarecer si existió un dolo orientado a ejecutar un boicot o sabotaje contra el proceso democrático en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
Lupa sobre las sanciones a oficiales: El requerimiento del Ministerio Público va más allá de la logística y exige cuentas claras sobre la depuración y disciplina interna dentro de la institución castrense:
Informes de castigo: Se solicitó un reporte pormenorizado sobre las sanciones administrativas aplicadas a los oficiales vinculados con los retrasos de las maletas electorales, detallando si dichas medidas fueron ejecutadas, apeladas o si siguen engavetadas.
Procesos disciplinarios: La Fiscalía requirió los pormenores de los expedientes disciplinarios militares activados a raíz de las recomendaciones de los propios órganos de investigación de las FF.AA., que sugirieron en su momento relevos de mandos por fallas operativas y de custodia.
