La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se encuentra evaluando un cambio estructural significativo en sus operaciones operativas y administrativas. El director de la institución, el comisario Lenin Morel, confirmó de manera oficial que las autoridades están analizando formalmente la posibilidad de tercerizar el proceso de emisión de licencias de conducir en todo el territorio nacional, una medida estratégica que busca optimizar los recursos logísticos y potenciar la presencia policial en las vías públicas.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por el titular de la DNVT, la propuesta central contempla que la Policía Nacional, a través de la dependencia que él encabeza, traspase por completo la gestión administrativa de la entrega del documento de conducir. En su lugar, se pretende contratar a una empresa privada altamente especializada que se dedique al cien por ciento a prestar este servicio a la ciudadanía, abarcando tanto la emisión de licencias por primera vez como las renovaciones rutinarias.
El objetivo primario de esta iniciativa radica en la optimización del talento humano. Actualmente, alrededor de 550 funcionarios policiales están asignados de forma permanente a las labores burocráticas y de atención al público en los centros de emisión. Al delegar estas tareas a una entidad externa, ese contingente de 550 efectivos quedaría inmediatamente liberado para incorporarse a labores netamente operativas en la vía pública y labores orientadas a combatir la inseguridad ciudadana.
“Tenemos más o menos 550 funcionarios realizando estas funciones, que podrían estar en las calles realizando control o seguridad vial o lo que es inseguridad ciudadana”, señaló Morel al detallar la visión del proyecto. El funcionario explicó que este personal de la Policía Nacional pasará a cumplir funciones puramente de vialidad y transporte, o bien será distribuido estratégicamente a nivel nacional entre las distintas direcciones policiales. Con esto se busca asegurar una mayor presencia y patrullaje en las calles de la capital y en las principales carreteras del país, brindando un servicio preventivo directo a la población.
Asimismo, Morel fue enfático al señalar que la medida responde a las marcadas limitaciones de infraestructura y tecnología que enfrenta la institución. El director detalló que la falta de recursos y de equipamiento tecnológico suficiente a nivel nacional impide responder con la celeridad y cobertura que la población hondureña demanda diariamente para el trámite de sus licencias.
“Es importante tomar en consideración que esto es por el recurso que tenemos a nivel nacional y no se cuenta con el equipamiento suficiente para poder atender a toda la población al emitir las licencias. Entonces podríamos buscar otra empresa que preste un mejor servicio, que esté dedicada al 100% a la emisión de licencias, al servicio de primera vez”, indicó el comisionado, reiterando que la prioridad absoluta es elevar la calidad de atención al usuario.
Sin embargo, el titular de la DNVT aclaró que el proyecto se encuentra en una fase preliminar de estudio técnico y jurídico, por lo que aún requiere tomar forma definitiva antes de su implementación. Las autoridades deberán evaluar exhaustivamente la capacidad logística, financiera y tecnológica de las empresas que aspiren a adjudicarse el contrato. Para garantizar la transparencia, el proceso se apegará de manera rigurosa a los procedimientos legales correspondientes, incluyendo una licitación pública internacional con todos los controles que conlleva.
Respecto a los plazos previstos, la DNVT maneja un cronograma preliminar que contempla que durante los primeros seis meses de 2027 se llevará a cabo el análisis detallado y la evaluación de las propuestas presentadas por las empresas interesadas. Bajo estas estimaciones, la transición final y el inicio formal de operaciones de la compañía adjudicada se concretaría a finales de 2027 o a principios de 2028. “Esto sería un proceso lento”, reconoció finalmente Morel, enfatizando que no se tomarán decisiones apresuradas que pongan en riesgo la calidad del servicio ni la legalidad del procedimiento.
