
La industria camaronera hondureña continúa enfrentando una de sus etapas más difíciles, marcada por el cierre de unidades productivas, la pérdida de miles de puestos de trabajo y el debilitamiento financiero de cientos de empresarios que dependen de esta actividad. De acuerdo con Wimer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Camarón, un total de 207 fincas han cerrado operaciones, mientras que las pérdidas de empleo alcanzan aproximadamente 14 mil plazas.
El dirigente explicó que la crisis comenzó a profundizarse en 2022, luego del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán, un acontecimiento que tuvo repercusiones directas en el comercio camaronero. La pérdida del mercado taiwanés afectó considerablemente las exportaciones nacionales y obligó a los productores a buscar nuevos destinos comerciales en un escenario de mayores dificultades para competir internacionalmente.
Según Cruz, esta situación provocó una reducción de los ingresos del sector, dificultades para comercializar la producción y un deterioro progresivo de la capacidad económica de las empresas, especialmente de los pequeños y medianos productores, quienes cuentan con menos recursos para enfrentar las fluctuaciones del mercado.

Las consecuencias financieras se reflejan en pérdidas acumuladas que rondan los 240 millones de dólares durante los últimos tres años. El representante del sector señaló que numerosos productores se encuentran prácticamente en bancarrota, con obligaciones financieras pendientes y sin suficiente capital para recuperar las operaciones de sus fincas.
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Choluteca y Valle, entre los departamentos más afectados
La crisis tiene un impacto particularmente fuerte en los departamentos de Choluteca y Valle, donde se concentra buena parte de la actividad camaronera hondureña. En estas zonas, la producción de camarón constituye una fuente importante de ingresos para numerosas familias y representa un componente relevante de la economía local.
El cierre de 207 fincas no solo significa una reducción de la capacidad productiva nacional, sino también una afectación directa a trabajadores, proveedores, transportistas y otros sectores económicos vinculados con la cadena de producción y comercialización.
A este panorama se suma el cierre de dos plantas empacadoras y la paralización de varios laboratorios relacionados con la actividad acuícola, lo que evidencia que las dificultades no se limitan únicamente a las unidades de cultivo, sino que también alcanzan otras etapas fundamentales de la industria.

La pérdida de empleos golpea a miles de familias
En materia laboral, Cruz recordó que la salida del mercado taiwanés ocasionó inicialmente la pérdida de alrededor de 13 mil empleos. Posteriormente, mediante los esfuerzos realizados por productores pequeños, medianos y grandes para recuperar la actividad comercial y productiva, se logró rescatar aproximadamente 7 mil puestos de trabajo.
Sin embargo, la situación volvió a deteriorarse durante el verano de 2026, cuando una nueva contracción de la actividad provocó más despidos y redujo las posibilidades de mantener abiertas numerosas fincas.
Como resultado de este proceso, el sector estima que actualmente se han perdido alrededor de 14 mil empleos, una cifra que refleja las dimensiones del impacto social que enfrenta la industria camaronera.
El dirigente advirtió que el tiempo es un factor determinante para evitar que la situación continúe agravándose, debido a que las empresas que permanecen cerradas necesitan recursos económicos para recuperar sus instalaciones, adquirir insumos, contratar personal y reiniciar los ciclos de producción.
Además, señaló que mientras no existan condiciones financieras favorables, muchos productores tendrán dificultades para reincorporarse a la actividad, incluso si cuentan con infraestructura y experiencia para desarrollar nuevamente sus operaciones.