El Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica que establecen nuevas restricciones para las personas condenadas por agresiones en el entorno familiar.
La decisión se produce en un contexto marcado por más de 40 mil denuncias registradas durante 2025 y 183 capturas realizadas en los primeros meses de 2026.
Entre las disposiciones aprobadas figura la prohibición de obtener licencia de conducir, portar o adquirir armas de fuego y aspirar a cargos públicos para quienes sean hallados culpables de violencia doméstica.
Además, se incorporan mecanismos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de medidas de protección a favor de las víctimas.
Las reformas también contemplan la creación de un registro especial de agresores, orientado al seguimiento institucional de los casos y a reducir el riesgo de reincidencia. Durante el debate legislativo, diputados señalaron la necesidad de fortalecer las acciones para enfrentar la violencia contra las mujeres.
