La asesora de justicia ambiental del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Lucía Vigil, señaló que los conflictos relacionados con la tenencia y acceso a la tierra continúan siendo una de las principales fuentes de conflictividad social en Honduras, y cuestionó la respuesta del Estado para atender estas disputas.
Vigil explicó que un informe elaborado por el CESPAD identifica 77 conflictos activos en el país, de los cuales los agrarios representan la categoría con mayor presencia, seguidos por los relacionados con proyectos energéticos. A criterio de la especialista, el principal desafío no solo radica en la existencia de estos conflictos, sino en la forma en que las autoridades los gestionan y buscan resolverlos.
La representante del CESPAD indicó que durante el período anterior se registraron 46 desalojos que afectaron a más de 9,000 familias vinculadas a disputas por la tierra. Asimismo, señaló que con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Agroindustria ya se contabilizan dos desalojos, aunque advirtió que la cifra podría incrementarse si no se establecen mecanismos efectivos de diálogo y solución.
Vigil destacó la necesidad de fortalecer los procesos de mediación, garantizar el cumplimiento de la normativa y promover soluciones integrales que permitan reducir la tensión en las zonas donde existen disputas agrarias, evitando que los conflictos deriven en mayores afectaciones sociales.
